Los alumnos investigados por la agresión en el Torres Quevedo ya están escolarizados en otros institutos
Los cuatro alumnos investigados por la agresión a un compañero con parálisis cerebral en el Instituto de Enseñanza Secundaria Leonardo Torres Quevedo de Santander ya han sido escolarizados en otros centros educativos, aunque no se incorporarán a las clases presenciales hasta dentro de unos días, según ha confirmado la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria.
Los estudiantes implicados ya no acudían al centro desde la semana pasada, y estaban recibiendo enseñanza online mientras se gestionaba su salida definitiva del IES Torres Quevedo. Su traslado a otros centros fue anunciado por el consejero de Educación, Sergio Silva, el pasado 1 de abril, tras una serie de reuniones mantenidas con las familias de los menores implicados, quienes, según señaló entonces, “han accedido voluntariamente a esta situación”.
Medidas judiciales
Esta decisión se produjo en paralelo a la intervención de la Fiscalía de Menores, que el pasado viernes solicitó una orden de alejamiento para los alumnos investigados, tanto respecto a la víctima como del propio centro escolar, ante la posible comisión de delitos de lesiones o maltrato de obra y de discriminación.
El Juzgado de Menores de Santander acordó, en un auto conocido este miércoles, la aplicación de medidas cautelares que prohíben a los menores investigados acercarse o comunicarse con la víctima, tanto de forma directa como por medio de terceras personas. Estas restricciones estarán vigentes hasta que se emita una sentencia firme. Contra el auto judicial cabe recurso.
Activación del protocolo de acoso escolar
La agresión ocurrió a finales de marzo y generó una fuerte conmoción tanto dentro como fuera del ámbito educativo. El 26 de marzo, la Consejería de Educación anunció la activación del protocolo de acoso escolar, después de que se confirmara que la víctima es un alumno con discapacidad motora.
Dentro del protocolo, se pusieron en marcha diversas medidas preventivas y de protección para garantizar el bienestar del alumno afectado. Entre ellas, destaca el acompañamiento individualizado del estudiante durante la jornada escolar, la supervisión del clima en el aula para evitar cualquier contacto con los presuntos agresores, el seguimiento de su estado emocional con la colaboración familiar, y el apoyo psicoeducativo orientado al refuerzo de la autoestima y las habilidades interpersonales.
Procedimiento disciplinario interrumpido
El instituto abrió un procedimiento disciplinario ordinario contra los alumnos implicados, que incluyó la expulsión del centro durante cinco días, el máximo permitido por la legislación vigente. Sin embargo, una vez iniciado el proceso judicial a instancias de la familia de la víctima, el expediente disciplinario quedó suspendido, aunque el protocolo de acoso escolar siguió su curso.
El caso ha despertado una amplia repercusión en la comunidad educativa y en la sociedad cántabra, generando muestras públicas de rechazo al acoso escolar. En días posteriores al suceso, se pudieron ver carteles de apoyo a la víctima y contra el acoso en las inmediaciones del instituto.
La Consejería de Educación ha reiterado su compromiso con la protección del alumnado vulnerable, así como su disposición a colaborar con la justicia y con todas las partes implicadas para esclarecer los hechos y evitar que situaciones como esta vuelvan a repetirse.
