Bal afirma que el proceder del Gobierno ha sido "inconstitucional" al no proteger los derechos de menores e insiste en que Marlaska dimita

MADRID, 26 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El vicesecretario general y portavoz del Comité Ejecutivo de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha acusado este jueves al Gobierno de Pedro Sánchez de cometer una "tropelía jurídica" por la forma en la que está repatriando a los menores marroquíes que entraron masivamente en Ceuta el pasado mayo y también ha criticado al Partido Popular y al Ejecutivo de la ciudad autónoma por "mirar para otro lado" y permitirlo.

En declaraciones a los medios de comunicación en Los Alcázares (Murcia), donde ha presenciado el desastre ecológico que afecta al Mar Menor, Bal se ha referido a la reunión que Sánchez y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), mantuvieron este miércoles en el Palacio de la Moncloa, en la que pactaron activar todos los recursos necesarios para devolver a esos menores no acompañados a Marruecos "en el menor tiempo posible" y atendiendo a los reparos de la Justicia por basarse en el acuerdo bilateral firmado con Rabat en 2007.

"Nos encontramos con una declaración sorprendente, dijo el presidente del Gobierno que se comprometía a que la ley se cumpliera. Solo faltaba que la ley no se cumpliera", ha indicado el dirigente de Cs, que también ha censurado la conducta del presidente ceutí porque "ha permitido que no se cumpla la ley".

Moncloa dijo que se trabajará por el "regreso seguro y ordenado" de los menores a su país para favorecer su "bienestar" y para resolver una situación que supone "un desafío a los servicios públicos" de Ceuta. Vivas, por su parte, recordó que la juez de Ceuta que paralizó las repatriaciones concluyó que el acuerdo de 2007 entre España y Marruecos no es un instrumento jurídico válido para llevarlas a cabo y, por lo tanto, ha quedado claro que se debe cumplir la ley de extranjería.

SI SE CUMPLE LA LEY ES GRACIAS A LOS JUECES

Bal ha señalado que si en este caso se cumple el ordenamiento jurídico es porque hay "jueces que paralizan las devoluciones de los menores y que aplican la ley y el Derecho que se debe aplicar a todos los españoles, también al presidente del Gobierno y al ministro del Interior", Fernando Grande-Marlaska.

Lo que se ha preguntado es "qué pasa" con los cientos de niños y adolescentes marroquíes que ya han sido enviados de vuelta a su país sin que se respetaran las disposiciones legales.

"Aquí nos encontramos de nuevo con los viejos vicios del bipartidismo. El PSOE comete esta tropelía jurídica y el PP, porque le conviene, mira para otro lado y ni tan siquiera ayer, en la Diputación Permanente (del Congreso), solicita la comparecencia del ministro del Interior para que dé explicaciones", ha lamentado.

En su opinión, el proceder del Gobierno respecto a estos menores migrantes es "antijurídico e inconstitucional" y "no vela por la protección de sus derechos", una cuestión "esencial" tanto en la Constitución Española como en los tratados internacionales sobre protección de los derechos del niño suscritos por España.

SE BASABAN EN UN ACUERDO QUE PERMITÍA DEVOLUCIONES "EN BRUTO"

Por otro lado, el vicesecretario general de Ciudadanos ha vuelto a pedir la dimisión de Grande-Marlaska, que, en su opinión, ha estado "eludiendo sus responsabilidades" en esta crisis y defendiendo la actuación del Ejecutivo con unos argumentos que "harían sonrojar a cualquier jurista, a cualquier estudiante de Derecho y a cualquier ciudadano". "Es el ministro del que más dimisiones se pueden pedir porque va errando una vez detrás de la otra", ha dicho.

Concretamente, ha recordado que el Gobierno central sí es competente para la repatriación de menores al extranjero y le ha reprochado que pretendiera respaldarlas en el convenio bilateral con Rabat.

Ha destacado que ese instrumento ha sido rechazado por la Justicia porque "permitía la devolución en bruto, sin ni siquiera escuchar el testimonio y el deseo del menor, sin realizar ninguna indagación sobre dónde está su familia y cuáles son las condiciones en las que vivía en Marruecos, sin la posibilidad de asignarle un defensor judicial de sus intereses, sin informe de los servicios de protección social y sin participación del Ministerio Fiscal".

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