El juez prorroga las investigaciones sobre la presunta 'caja b' del PP madrileño y la etapa de Granados en la CAM

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El juez instructor de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha diseñado un nuevo calendario para la macrocausa 'Púnica', ante la fecha límite del 29 de julio que le obligaba a cerrar o prorrogar las nueve piezas sujetas a este plazo. Así, ha optado por terminar la investigación sobre la trama valenciana, los contratos de eficiencia energética y las adjudicaciones menores en Valdemoro y otros municipios, dándose más tiempo para seguir indagando en los demás casos.

La reforma operada el año pasado en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) situó a buena parte de las investigaciones judiciales al borde del abismo este 29 de julio, incluidas las que conforman 'Púnica', una macrocausa iniciada en 2014 en torno a una trama de corrupción que habría consistido en adjudicar 'a dedo' contratos públicos a empresarios que pagaban generosas comisiones por ello, las cuales se blanqueaban mediante un enjambre societario.

La 'Púnica' habría nacido y centrado su actividad en la Comunidad de Madrid con el ex alcalde de Valdemoro y ex consejero regional Francisco Granados, presunto cabecilla, y su entonces socio, David Marjaliza, como principales muñidores, pero también se habría extendido a otros puntos de la geografía española, con tramas autóctonas en León, Murcia y Valencia.

Según diferentes autos del mismo 29 de julio, a los que ha tenido acceso Europa Press, el juez ha concluido la instrucción de la pieza 5, sobre contratos menores en Valdemoro, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle, pero antes de hacerlo ha ordenado practicar las últimas diligencias solicitadas por el Ministerio Fiscal, reclamando al Ayuntamiento de Valdemoro las certificaciones de obra de una residencia de mayores, "con el alegado exceso de mediciones en las partidas implicadas".

El titular del Juzgado de Central de Instrucción Número 6 ha terminado igualmente las pesquisas relativas a los contratos adjudicados a la empresa Cofely para aumentar la eficiencia energética de diversas instalaciones públicas, que conforman la pieza 6.

También ha estimado que no procede seguir indagando en la rama valenciana de la 'Púnica, enmarcada en la pieza 10, sobre adjudicaciones sospechosas en Valencia y Denia, pero también sobre irregularidades similares en Madrid, Majadahonda y Valdemoro. Al mismo tiempo, ha incorporado a la causa la ratificación judicial de los autores de los informes periciales.

CONTINÚAN LAS PESQUISAS

De las restantes piezas, destaca la número 9, donde el magistrado intenta averiguar si el PP madrileño tuvo una 'caja b', nutrida con donaciones empresariales, con la que financió las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011. La ex presidenta regional Esperanza Aguirre consta como principal imputada.

García-Castellón ha decidido prorrogar esta línea de investigación tres meses, hasta el 29 de octubre, porque falta, entre otras cosas, que la Sala de lo Penal se pronuncie sobre el recurso de Fiscalía contra la decisión del juez de sacar de esta pieza 9 las revelaciones hechas desde la cárcel por el ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, alias 'El Rata', sobre "una presunta desviación monetaria a través de la sociedad Mercado de Puerta Toledo", para abrir la 13.

El instructor ha dilatado asimismo la pieza 8, que versa sobre los hechos relativos a la etapa de Granados como consejero de la Comunidad de Madrid, responsabilidad que ocupó entre 2003 y 2011, fijando la nueva fecha de caducidad dentro de seis meses: el 29 de enero.

Y ello porque aún debe recibir los informes periciales del Ministerio de Fomento y de la Agencia Tributaria, así como el referido a la adjudicación y las incidencias en la ejecución del contrato para construir el Centro Cultural de Bustarviejo. Asimismo, ha apuntado, resta finalizar el expurgo de los datos e informaciones del empresario Javier López Madrid.

La pieza centrada en los hechos referentes al urbanismo en Valdemoro (4), también se ha prorrogado hasta el 29 de enero porque el magistrado está a la espera de recibir la información solicitada al consistorio, un informe catastral y "los expedientes completos de las actuaciones urbanísticas indiciariamente ilícitas".

De la misma forma, la pieza 11, sobre las comisiones que habría pagado la empresa Alfedel a cambio de gestionar varios colegios concertados de la Comunidad de Madrid, se ha dilatado medio año hasta el 29 de enero. En este caso, el juez espera recibir informes de Hacienda y los anexos de los que ya obran en su poder.

Por último, en la pieza 12, dedicada al presunto blanqueo de capitales --que inicialmente se investigó en la 4--, la instrucción continuará otro medio año porque todavía están pendientes cinco declaraciones y diligencias relativas a una presunta sociedad instrumental en Costa Rica que habría recibido fondos desde Mónaco para transferirlos después a las Islas Mauricio.

GRANADOS, CONDENADO A DOS AÑOS

En 'Púnica' ya hay una condena firme por la pieza 1. Granados recibió dos años de cárcel por el 'chivatazo' que le dio un guardia civil en 2014 sobre las investigaciones a las que estaba siendo sometido y que le permitió tanto a él como a su entonces socio, David Marjaliza, adoptar ciertas cautelas en sus negocios.

Otras dos líneas de investigación, las referidas a las adjudicaciones irregulares en León (2) y Murcia (3) a empresas vinculadas al 'conseguidor' de la trama, Alejandro de Pedro Llorca, y al ex alcalde de Cartagena José Antonio Alonso Conesa, se encuentran ya en la fase intermedia antes de avanzar a juicio.

El juez también acordó el jueves el pase a procedimiento abreviado de la pieza 7, sobre los contratos otorgados a Waiter Music para organizar fiestas populares en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, proponiendo juzgar a Granados, al ex senador del PP David Erguido y a varios ex alcaldes y ex concejales.