El PSOE y Unidas Podemos no han encontrado un punto de encuentro en relación al tratamiento de al prostitución dentro del proyecto de Ley Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual, conocida como la Ley del 'sólo sí es sí', que se encuentra en tramitación parlamentaria en el Congreso, aunque han comenzado los trabajos para presentar conjuntamente en enero una Ley de la Trata con fines de explotación sexual de mujeres, niñas y niños en el Congreso.

Ambas formaciones han registrado 28 enmiendas conjuntas a la Ley de Libertad Sexual relativas a hacer efectivo el dictamen del Pacto de Estado contra la violencia de género aprobado por los grupos políticos de Congreso y Senado el pasado 25N, de forma que las medidas acordadas queden blindadas en el ordenamiento jurídico, según han informado a Europa Press fuentes de ambas formaciones.

Además, según fuentes socialistas, ambas formaciones también han registrado de manera conjunta enmiendas que mejoran la Ley de Garantía de la Libertad Sexual que mejorar el abordaje integral de los delitos contra la libertad sexual y la protección de las víctimas.

Sin embargo, no presentan enmiendas conjuntas en relación al tratamiento de la prostitución sino que lo han hecho por separado.Concretamente, fuentes del PSOE señalan que han registrado enmiendas orientadas a perseguir "cualquier forma de proxenetismo" en España.

"Estas enmiendas suponen un primer paso legislativo de un camino que tiene que llevar a la abolición de la prostitución en España. Los siguientes pasos legislativos estarán enmarcados en la futura Ley de Trata donde el grupo parlamentario socialista ya trabaja en propuestas para erradicar la prostitución garantizando la protección y la inserción socio-laboral de las mujeres prostituidas y víctimas de la explotación sexual. Se trata de un paso histórico en materia de abolición de la prostitución", aseguran estas fuentes.

Por su parte, las dos enmiendas de Unidas Podemos sobre esta materia, a las que ha tenido acceso Europa Press, persiguen garantizar de forma explícita en el Código Penal que en ningún caso será sancionada la persona que presta el acto de naturaleza sexual.

En todo caso, fuentes de ambas formaciones señalan a Europa Press que la futura Ley de trata incluirá un Plan de Inserción socio-laboral para mujeres en contextos de prostitución y explotadas sexualmente para garantizar sus derechos y alternativas vitales a todas ellas.

Además, añaden que esta normativa hará hincapié en que la situación administrativa irregular de las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual y víctimas de explotación sexual no será un impedimento al acceso a todos sus derechos como víctimas.

El proyecto de Ley de Garantías de la Libertad Sexual incluye en su texto penas de hasta 3 años de cárcel para los dueños de prostíbulos, así como el cierre del local. Este castigo se aplica independientemente de que la persona prostituida haya dado su consentimiento.

Esta figura, que se eliminó del Código Penal en 1995, penaliza a los dueños de locales de prostitución. En concreto, la Ley de 'solo sí es sí' recoge que quien "con ánimo de lucro y de manera habitual destine un inmueble, local o establecimiento, o cualquier otro espacio, abierto o no al público, a favorecer la explotación de la prostitución de otra persona", será "castigado con pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a dieciocho meses sin perjuicio de la clausura" del local.

Del mismo modo, destaca que "la pena se impondrá en su mitad superior cuando la prostitución se ejerza a partir de un acto de violencia, intimidación, engaño o abuso".

Con esta reforma del Código Penal se amplía la legislación actual en esta materia, que sí recogía como delito el coaccionar, engañar o abusar de alguien para prostituirlo en beneficio propio.

Pero, además, la Ley de 'solo sí es sí' amplía las penas para estos últimos. Si ahora el Código Penal recoge penas de cárcel de entre dos y cinco años y multa de doce a veinticuatro meses; el nuevo texto del Gobierno recoge penas de entre tres a seis años y multa de dieciocho a veinticuatro meses.

También se incluye un nuevo supuesto por el que se le aplicará al autor del delito las penas previstas en su mitad superior: que la víctima esté en estado de gestación. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha recibido críticas de algunos sectores feministas por no abordar la abolición de la prostitución en el texto, aunque ella ha respondido que, pese a que es abolicionista, su objetivo en la norma es la persecución del proxenetismo a través de la recuperación de la tercera locativa.

EN COMÚ PODEM Y PNV, EN CONTRA DE LA TERCERA LOCATIVA

Sin embargo, esta medida no cuenta con el beneplácito del arco parlamentario. Para empezar en Comú Podem, la confluencia catalana de Unidas Podemos, ha registrado una enmienda al proyecto de Ley que propone retirar la recuperación de la tercería locativa.

Y es que, mediante esta enmienda, entiende que su introducción "no solo va en contra del espíritu de la norma", sino que contribuye a "reforzar el estigma de la prostitución y a dificultar la distinción entre prostitución voluntaria y prostitución forzada".

También el PNV ha presentado, entre sus 31 enmiendas parciales al texto una que propone eliminar la tercería locativa al considerar que esta norma no es el lugar idóneo para legislar sobre esta materia.

En un segundo paquete de enmiendas, también propone suprimir distintos artículos que, a su juicio, por un lado, suponen un exceso regulatorio por parte de la administración en este ámbito, y por otro, invaden competencias autonómicas en la materia.

Por último, el Grupo Vasco ha presentado dos enmiendas concernientes a actuaciones policiales para establecer que serán la Ertzaintza, en la CAV, y la Policía Foral Navarra, en la CFN, quienes realicen las actuaciones pertinentes.