MURCIA, 8 (EUROPA PRESS)

El Fiscal Superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, ha destacado el "gran impulso" dado en los últimos meses a la investigación en el procedimiento judicial de contaminación del Mar Menor, el denominado caso 'Topillo', y espera el auto de Procedimiento Abreviado para antes de finalizar este año 2021 para "encaminarlo así a juicio oral".

Así lo ha hecho saber Díaz Manzanera durante el discurso que ha ofrecido en el acto de apertura del Año Judicial en la Región de Murcia 2021/2022, en el que ha hecho un balance de la actividad del Ministerio Público.

"Huelga decir que es éste el más grave problema medioambiental de esta Región, posiblemente de toda su historia, con graves efectos en muchos sectores y con una compleja solución, derivado de un cúmulo de acciones y omisiones que se arrastran desde hace más de 40 años, y que debería ser tal vez tratado como un asunto no solo regional sino de Estado", tal y como ha señalado Díaz Manzanera en referencia a la laguna salada.

Ha considerado "desolador" ver que, desde diciembre de 2017, fecha de la presentación de la denuncia por la Fiscalía, "se haya empeorado en su situación medioambiental, con varios episodios de eutrofización y de anoxia con mortandad de flora y fauna". Así, ha considerado que "se conoce la posible causa principal de ello, según opinión técnica unánime, pero su posible solución, que quede claro, que no se va a encontrar en la vía judicial".

"A problemas extremos hay que aplicarle soluciones extremas, por muy duras que sean esas decisiones", ha manifestado el Fiscal Superior de la Región, quien ha estimado que, en la vía judicial se podría conseguir en primer lugar la "exigencia de responsabilidades penales y civiles derivadas de aquellas, aplicando el fin retributivo de las penas a los responsables de la contaminación, y a los responsables públicos que hayan omitido su obligación de actuar, así como buscar la prevención general y especial".

En segundo lugar, estima que también se puede conseguir por vía judicial que, a instancia de la Fiscalía, "se interese de la Administración competente que exija a los infractores la responsabilidad ambiental para restaurar y reparar e indemnizar, y si se omite esta obligación, el presentar una demanda en el Tribunal Superior de Justicia para obligar a actuar, como así es conocido que tristemente ha sucedido esto último".

No obstante, ha insistido en que este problema "debe tratarse en el ámbito político y administrativo", y ha considerado que "todo gira fundamentalmente en una necesidad ineludible de coordinación y entendimiento entre las administraciones competentes y con los sectores afectados".

"Y las negligentes gestiones en estos temas, por muy nefastas que sean sus consecuencias, difícilmente pueden ser revisadas por el derecho penal", al no estar tipificados los delitos contra la Administración Pública en su modalidad imprudente, tal y como ha añadido.

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