BILBAO, 22 (EUROPA PRESS)

La coordinadora general de Podemos Euskadi, Pilar Garrido, ha pedido al Gobierno Vasco "no hablar tanto de invasión competencial y reparto competencial" y responder, por contra, a las necesidades del nuevo modelo residencial de manera "colaborativa y conjunta".

Garrido, junto al secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, ha abordado este viernes en Bilbao, con representantes del ámbito de las residencias en Euskadi, el acuerdo para garantizar la calidad de los centros y servicios del sistema de atención a la dependencia aprobado a finales de junio en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia.

A la cita han acudido representantes sindicales, así como de las asociaciones de familiares de usuarios de residencias y de plataformas del sector.

En el encuentro, la dirigente de Podemos ha valorado que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha tenido siempre como objetivo "garantizar y fortalecer" los derechos sociales tras las "políticas austericidas y de recortes" que habían dejado "el estado de bienestar en una situación débil".

Así, ha destacado el desarrollo de políticas fundamentadas en la mejora del "sistema de cuidados y servicios sociales" tras la pandemia de la covid-19 y el haber abordado cuestiones estructurales como el incremento de la financiación del denominado cuarto pilar de los sistemas de bienestar --cuidados--.

También ha puesto en valor la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que, a su juicio, "se puede mejorar", y del que ya disfrutarían alrededor de "30.000 vascos".

Respecto al modelo residencial, ha alertado del "desastre" que supuso en su momento la pandemia y el sufrimiento padecido por las personas mayores. "Las residencias, a veces, responden poco a las necesidades y derechos de los mayores y se convierten en factorías en las que, de manera despersonalizada, se les atiende", ha denunciado.

Por ello, ha resaltado la importancia del acuerdo alcanzado para garantizar la calidad de los centros y servicios de cara a buscar un modelo "más humanizado" que pone, además, "los mimbres para que cada Comunidad Autónoma pueda caminar sobre esa hoja de ruta".

"En Euskadi hemos sufrido también estas penurias y ha habido más de 1.200 fallecidos en residencias en condiciones poco dignas. Esto tiene que ver con el modelo residencial, con la opción por la externacionalización y mercantilización del servicio", ha indicado.

Por ello, ha confiado en que el Gobierno Vasco "acompañe en la tarea" a la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, "no hable tanto de invasión competencial y reparto competencial" y responda a las necesidades de manera "colaborativa y conjunta".

Por su parte, el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, que previamente se ha reunido con la consejera vasca Beatriz Artolazabal, ha incidido en la necesidad de seguir trabajando en el desarrollo del cuarto pilar del estado de bienestar y de los servicios sociales.

"PREOCUPACIÓN CENTRAL"

Tras calificarlo de "preocupación central" para el Gobierno central de coalición, Álvarez ha incidido en que los derechos sociales habían sido "cercenados y erosionados en la década previa".

Así, ha defendido las medidas adoptadas en cuestiones como el incremento de las pensiones, el "impulso" de la ley de Vivienda o la "construcción" del cuarto pilar del estado de bienestar tras años "infrafinanciado" e incluso "recortado".

"Se ha hecho un esfuerzo importante en la dependencia, revertiendo los recortes de 2012 y duplicando la financiación", ha asegurado, al tiempo que ha incidido en el "impulso" del nuevo modelo de residencias.

Así, ha apostado por una asistencia domiciliaria como derecho subjetivo, ya que "más del 80%" de las personas mayores prefieren envejecer en su hogar, así como por un cambio en el ámbito residencial para que los trabajadores del sector cuenten con condiciones dignas.

"Desde la Secretaría y el Ministerio trabajamos y no lo hacemos en solitario sino en colaboración con el conjunto de los actores de las Comunidades y de los gobiernos autonómicos; y en el ámbito del diálogo social con las organizaciones sindicales y patronales", ha finalizado.