PSE defiende que interinos puedan estudiar euskera durante su jornada laboral y PP afirma que no es una sentencia contra el euskera"

BILBAO, 5 (EUROPA PRESS)

El PNV considera la resolución judicial que anula el cese de una funcionaria interina por no acreditar un perfil lingüístico alto en euskera una "falta de respeto al euskera" y EH Bildu cree que se pretende "enmascarar un prejuicio absolutamente inaceptable en contra de la normalización del euskera".

Por su parte, el PSE-EE defiende que los funcionarios interios puedan estudiar euskera en el ámbito de su jornada laboral, el PP remarca que "no es una sentencia contra el euskera", sino "en favor de una trabajadora", y Elkarrekin Podemos-IU insta a "hacer compatibles los derechos lingüísticos con los laborales".

En declaraciones a Radio Euskadi, los parlamentarios vascos han valorado la resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Vitoria-Gasteiz que declara nulo el cese de una funcionaria interina del Ayuntamiento de Llodio por no acreditar un Perfil Lingüístico (PL) 3 de euskera, el segundo nivel más alto de una escala de cuatro.

La parlamentaria del PNV Leixuri Arrizabalaga ha considerado la sentencia "desafortunada". Tras afirmar que su partido "siempre estará en la defensa de los derechos de los vascos", como los laborales, ha subrayado que, en este caso, "también hablamos de los derechos lingüísticos que los vascos tenemos".

A su entender, la resolución judicial es "un acto de falta de respeto para con el euskera, que es una lengua co-oficial" y, según ha remarcado, "los vascos tenemos derecho a que desde las administraciones nos traten en el idioma que el administrado decida".

"Es una cuestión que en los últimos 40 años se ha intentado llevar con muchísimo respeto, sin imposiciones, y con una evolución de la euskaldunización, tanto de la ciudadanía vasca como de las administraciones, de manera pausada y negociada", ha subrayado, para lamentar que, "una vez más, el euskera, como el débil en este caso, sale golpeado".

Tras asegurar que no tiene "ninguna base científica" el argumento de que el euskera es "el quinto idioma más difícil", ha insistido en que la resolución es "un duro golpe para el euskera y para quienes aspiramos a poder convivir en euskera, porque es nuestro derecho".

Por su parte, el parlamentario de EH Bildu Iker Casanova ha criticado los argumentos "sacados de internet" que recoge la sentencia, en la que se ha querido "enmascarar y dar cierto revestimiento jurídico a un prejuicio absolutamente inaceptable en contra de la normalización del euskera".

En este caso en particular, ha subrayado, a la funcionaria afectada "se le han dado toda clase de posibilidades materiales, económicas y temporales" para que acreditara un determinado perfil, que "no estará exento de dificultad, pero los tiempos habrían sido sobrados y cualquier personas con unas condiciones intelectuales normales está perfectamente capacitada, en ese tiempo y en mucho menos tiempo, para alcanzar ese perfil". Por ello, ha considerado que lo que ha habido ha sido "una falta de voluntad expresa de acreditar el perfil, por las razones que fuera".

A su entender, con respecto a la ciudadanía "educada y nacida en este país este debate hace tiempo que estaría concluido si tuviéramos un modelo educativo que euskaldunizara plenamente a la gente", pero "hay algunos que se han pasado años impidiendo que eso sea así, manteniendo inmersiones lingüísticas artificiales y dificultando que una parte importante de la población acceda al conocimiento el euskera". Asimismo, cree que también hay "una cierta ofensiva judicial y política contra la exigencia de perfiles lingüísticos en la administración".

DENTRO DE LA JORNADA LABORAL

La parlamentaria socialista Gloria Sánchez ha mostrado su respeto a la resolución judicial y, sin entrar en juicios de valor sobre la dificultad del aprendizaje del euskera, ha considerado "relevante" lo que indica la sentencia sobre el hecho de que esta trabajadora interina "tenga que dedicar más de 1.200 horas de estudio al euskera fuera de la jornada laboral, cuando a los trabajadores fijos sí se les reconoce el derecho a hacerlo dentro de las horas de trabajo".

Según ha recordado, los socialistas vascos plantearon hace tiempo la necesidad de hacer "un revisión profunda de perfiles lingüísticos", apostando por la implantación de "perfiles mixtos y asimétricos ajustados a las necesidades lingüísticas de cada plaza". En ese sentido, ha señalado que ahora se está trabajando en el decreto de regulación del proceso para la normalización del uso del euskera, que espera salga a la luz esta legislatura.

Sánchez se ha mostrado a favor de que la administración "garantice los derechos lingüísticos", pero también de que "nadie se vea discriminado en su derecho al acceso al empleo público".

Desde Elkarrekin Podemos-IU, su parlamentario Iñigo Martínez ha rechazado como argumento jurídico "las descripciones que realiza la sentencia sobre la dificultad o no de estudiar euskera" y ha señalado que la realidad es que en Euskadi hay "dos lenguas co-oficiales y una de ellas minorizada que es el euskera", por lo que ha defendido "hacer compatibles los derechos lingüísticos del conjunto de la población de Euskadi y también los derechos laborales".

Por otro lado, ha hecho un llamamiento al Gobierno Vasco para que las personas funcionarias interinas puedan tener acceso a la formación en euskera dentro del ámbito de sus horas laborales, "igual que tienen el funcionario fijo" porque "la realidad es que hay miles y miles de personas en Euskadi, hayan nacido aquí o no, que hacen un esfuerzo de miles y horas para estudiar euskera y poder trabajar en euskera".

Por último, el parlamentario de PP+Cs Carmelo Barrio ha precisado que se trata de una resolución judicial que "declara injusto un despido". "No es una sentencia contra el euskera, es una sentencia en favor de una trabajadora, y ese es el elemento fundamental", ha subrayado.

Según ha insistido, es una sentencia "en favor de que no se puede despedir de un empleo a una persona que conoce perfectamente el castellano, porque es un idioma oficial". Por ello, ha considerado que estamos ante "una discriminación laboral del Ayuntamiento de Llodio en relación a una trabajadora y la jueza ha recompuesto la situación, no contra el euskera, sino en favor de la trabajadora".