MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), con 15.079 asociaciones y más de 5.746.000 afiliados, ha presentado al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, sus reivindicaciones contra la exclusión de las personas mayores en las entidades financieras.

La PMP, que ha calificado como "muy positivo y esperanzador" este encuentro, ha trasladado a Gabilondo la necesidad de un nuevo marco normativo que proteja los derechos de los mayores respecto al acceso a los servicios bancarios, y que contemple el servicio de banca física como un servicio esencial y universal.

A este respecto, según la PMP, Gabilondo ha manifestado su firme compromiso con la defensa de los derechos de los ciudadanos.

En concreto, el Defensor del Pueblo ha abierto una actuación de oficio ante las administraciones públicas para que procuren una "mayor accesibilidad" en las gestiones de la ciudadanía frente a las dificultades de la digitalización, y ha apelado al Banco de España para que solicite a las entidades que atiendan presencialmente a las personas mayores.

Entre las demandas planteadas por la PMP están también la puesta en marcha por el sector bancario de medidas responsables como la creación de un "gestor del mayor" en cada una de las oficinas bancarias y complementar los servicios digitales con una buena atención telefónica.

A su vez, reclaman la instalación de dispensadores de efectivo más allá de la oficina bancaria, especialmente en la España rural, donde la PMP pide crear un espacio en el que atender periódicamente a las personas mayores, así como establecer soluciones para cobrar las pensiones por giro postal u otras vías. En este sentido, la PMP señala el papel que podría realizar el servicio de Correos.

Asimismo, la plataforma demanda que se aborden medidas concretas para poder alcanzar el incremento de las competencias digitales de las personas mayores, y que se busquen soluciones sencillas, pero también accesibles para las personas con discapacidad mayores.

Para la PMP, todas estas medidas deberían ser evaluadas durante su proceso de implantación para que sean realmente efectivas. Igualmente, considera que deberían imponerse sanciones ante el incumplimiento de lo establecido en la nueva norma.