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La nueva relación con Cataluña tras los indultos, principal reto de Isabel Rodríguez en Política Territorial

La nueva ministra pertenece al PSOE de Castilla-La Mancha, la federación territorial más crítica con los indultos
Archivo - La alcaldesa de Puertollano, Isabel Rodríguez, en rueda de prensa tras reunirse con el presidente regional, Emiliano García-Page.
La nueva relación con Cataluña tras los indultos, principal reto de Isabel Rodríguez en Política Territorial

La nueva ministra pertenece al PSOE de Castilla-La Mancha, la federación territorial más crítica con los indultos

MADRID, 10 (OTR/PRESS)

La recién elegida ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, tendrá que trabajar en su nueva cartera con dos principales desafíos tras los indultos a los líderes independentistas del 'procés': la nueva relación que se abre con Cataluña que tendrá su primera toma de contacto en julio a través de la Comisión bilateral y que proseguirá en septiembre con la reunión de la Mesa de Diálogo.

Rodríguez, hasta ahora alcaldesa de Puertollano, asumirá la cartera de Política Territorial apenas unos meses después de la llegada de Miquel Iceta a este Ministerio. Ahora, el también líder del PSC pasará a Cultura y Deporte, aunque, con él Sánchez pretendía avanzar en el impulso con las relaciones en Cataluña. De hecho, Iceta llegó incluso a plantear un referéndum sobre un acuerdo de autogobierno y financiación catalana.

Es en este contexto en el que Isabel Rodríguez, que también asumirá la Portavocía del Gobierno, llega al Ministerio de Política Territorial, en plena bajada de tensión con el Gobierno catalán fruto de los indultos, aunque con la mirada puesta en la Mesa de Diálogo del próximo mes de septiembre y, antes, con la Comisión Bilateral entre ambos Ejecutivos para poder tratar asuntos de inversiones en Cataluña.

No obstante, el PSOE de Castilla-La Mancha, federación territorial a la que pertenece Rodríguez, ha sido uno de los más críticos con los indultos a los líderes independentistas. Ahora, Isabel Rodríguez será una voz importante dentro de esta nueva relación con Cataluña, puesto que tendrá previsiblemente un puesto dentro de la Mesa de Diálogo con el Ejecutivo catalán.

LA COGOBERNANZA

Otro de los desafíos que tiene Isabel Rodríguez al frente del Ministerio será el de las relaciones con las Comunidades Autónomas, a través del famoso término acuñado en las últimas fechas por el Gobierno como "cogobernanza". En este sentido, su primera piedra de toque la tendrá a finales de julio en la Conferencia de Presidentes que se celebrará en Salamanca para abordar la llegada de los fondos europeos.

Además, tendrá que lidiar, junto al Ministerio de Sanidad, con las nuevas medidas que están tomando los Ejecutivos autonómicos ante el incremento de casos de coronavirus, así como ejercer esta cogobernanza en asuntos relacionados con el Covid-19.

También, previsiblemente, participará de las numerosas Conferencias sectoriales que el Ejecutivo central está manteniendo en las últimas fechas con los distintos Gobiernos autonómicos en varios asuntos, como Educación, Política Social, etc.

TRANSFERENCIAS DE COMPETENCIAS

Isabel Rodríguez, además, llega al Ministerio de Política Territorial y Función Pública después de que Iceta avanzara a través de la Comisión Mixta de Transferencias con el País Vasco en traspasar a esta región las competencias de Instituciones Penitenciarias, Transporte por Carretera, Asignación del ISSN y la gestión del edificio del Distrito Marítimo de Ondarroa.

Sin embargo, desde el Ejecutivo vasco insisten en transferir cuanto antes la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV), algo en lo que Rodríguez tendrá que trabajar conjuntamente con el ministro de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

Otro de los principales avances que adelantó Iceta, fue el traspaso de la competencia de la sanidad penitenciaria a Navarra, después de que así lo certificara la Junta de Transferencias y fuera ya formalizado por el Consejo de Ministros.

Además, Isabel Rodríguez tendrá que asumir en el Ministerio las negociaciones con las Comunidades Autónomas para evitar recurrir al Tribunal Constitucional ciertas normas sobre las que se manifiesten discrepancias por el ámbito competencial.

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