MURCIA, 2 (EUROPA PRESS)

La Comunidad Autónoma ha asegurado que el borrador de la nueva ley de universidades "no resuelve los retos de las instituciones académicas", según manifestó hoy la consejera de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, Valle Miguélez, durante su participación en la reunión de la Conferencia General de Política Universitaria, celebrada en Madrid, y en la que se ha debatido sobre el tercer anteproyecto de la Ley del Sistema Universitario (LOSU), según han informado fuentes de la Administración autonómica en un comunicado.

La consejera Miguélez ha defendido que se trata de un texto "demasiado generalista, escasamente innovador, muy condicionado al desarrollo reglamentario previo y al que posteriormente se realice, y que no aborda en profundidad los retos de la universidad".

La financiación y el personal docente investigador (PDI) son dos de los aspectos del mencionado borrador "que más preocupan al Gobierno regional", ha señalado.

En este sentido, la consejera ha destacado que el nuevo texto menciona como objetivo "invertir el 1 por ciento del PIB nacional en las universidades, una meta que requiere un compromiso económico necesario por parte del Gobierno central, que debería incluirlo en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, ya que es un objetivo poco alcanzable para todas las comunidades autónomas, especialmente las infrafinanciadas, como es el caso de la Región de Murcia".

En relación al PDI, Miguélez ha recordado que "el anteproyecto no aborda, o lo hace sin el necesario compromiso económico, aspectos concretos como la estabilización de las plantillas, el relevo generacional y la lucha contra la precariedad en el empleo".

Además, ha aseverado que "genera de un modo innecesario duplicidad en la carrera del PDI, posibilitando plantillas y figuras contractuales paralelas".

Durante su intervención, la consejera ha abogado por "un sistema universitario de calidad, sostenible y con financiación suficiente, donde aspectos clave como la gobernanza no queden casi a merced de los estatutos que cada universidad desarrolle, sin unos criterios comunes que puedan generar unas diferencias importantes entre universidades y comunidades autónomas".