Insiste en que el Gobierno respeta pero discrepa del fallo que declara inconstitucional el segundo estado de alarma

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha defendido este viernes la idoneidad de los cuatro candidatos pactados por PSOE y PP para renovar el Tribunal Constitucional (TC), destacando que todos ellos tienen una "larga trayectoria en el mundo del Derecho", contestando así a las revelaciones de los últimos días sobre Enrique Arnaldo en torno a sus contratos con administraciones públicas gestionadas por los 'populares' y sus contactos con el ex ministro Jaume Matas.

"Lo único que puedo decir es que son personas con larga trayectoria en el mundo del Derecho", ha dicho Llop en una rueda de prensa ofrecida desde el Senado, con motivo de la conferencia sectorial de Justicia celebrada allí este viernes, en la que se le ha preguntado sobre Arnaldo.

Llop ha considerado que "lo importante es que se ha llegado a un acuerdo de Estado entre las fuerzas mayoritarias, el PP y el PSOE", para renovar el TC, si bien ha subrayado que se podía haber alcanzado "hace años" tanto respecto a la corte de garantías como del Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo, al tiempo que ha recordado que "queda pendiente la renovación del Consejo General del Poder Judicial".

En cualquier caso, la también ex presidenta del Senado ha querido recalcar que "el Gobierno no es quien propone ni quien elige" a los nuevos magistrados del TC, subrayando que su renovación a través de estos cuatro candidatos corresponde al Congreso de los Diputados. "El Gobierno es respetuoso con la separación de poderes", ha añadido.

SEÑALA LAS DISCREPANCIAS EN EL TC SOBRE EL ESTADO DE ALARMA

Por otro lado, se ha referido a la sentencia del TC que declara inconstitucional el segundo estado de alarma que fue decretado en octubre de 2020 para frenar la pandemia de coronavirus tanto por su duración --seis meses-- como por el nombramiento de autoridades competentes delegadas, que en este caso fueron las comunidades autónomas.

Llop ha insistido en que "el Gobierno respeta y acata", para matizar que "el Gobierno puede, de manera muy respetuosa, discrepar de una resolución judicial", reivindicando que el Ejecutivo "actuó pensando en que lo hacía por el bien de la ciudadanía, para salvar vidas y proteger la salud y la integridad física de las personas".

A este respecto, ha recordado que cuando se declaró el segundo estado de alarma ya habían fallecido más de 35.000 personas y más de un millón estaban contagiadas sin que se supiera entonces cómo se comportaba el virus. "Era algo absolutamente nuevo a lo que el Gobierno se estaba enfrentado", ha enfatizado.

La ministra ha llamado la atención sobre el hecho de que la sentencia del TC se ha fallado por seis votos a favor y cuatro en contra, y que la sentencia sobre el primer estado de alarma, que fue declarado igualmente inconstitucional, también fue "controvertida jurídicamente de modo interno" --seis votos frente a cinco--, destacando que incluso el presidente del TC, Juan José González Rivas, emitió un voto particular.

Llop ha valorado que tanto esos magistrados discrepantes como dos resoluciones del Tribunal Supremo entendieron que el estado de alarma era el instrumento legal "adecuado" para dar cobertura a las medidas anticovid.

Con todo, ha sostenido que "el Gobierno siempre ha actuado conforme a la legislación vigente", a pesar de lo que ha calificado como "una controversia jurídica, que es incluso interna dentro del propio TC".

"ÉXITO DE GESTIÓN" EN "COGOBERNANZA"

Además, ha estimado que la gestión que se ha hecho de la pandemia por parte del Gobierno ha sido un "éxito de cogobernanza", poniendo en valor "esa delegación que se hizo en las autoridades de las comunidades autónomas para que pudieran, con ese paraguas legal (...), atender a los focos de la pandemia para salvar y proteger la vida de sus ciudadanos". Un éxito, ha apuntado, que se ha trasladado a la campaña de vacunación.

Llop también ha aludido a la cogobernanza en el contexto de la conferencia sectorial celebrada este viernes junto los representantes de las 12 comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia, que ha estado precedida por sendos saludos del presidente de la Cámara Alta, Ander Gil, y, a través de videoconferencia, de la vicepresidenta de la Comisión Europea en Valores y Transparencia, Vera Jourová.

Según ha informado el Ministerio de Llop en un nota, en la conferencia sectorial se han aprobado dos acuerdos, entre los que destaca el relativo a los objetivos, indicadores y criterios de distribución de fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para el desarrollo del programa conjunto de modernización de la Justicia. El acuerdo contempla la creación de cuatro bloques que abarcan los 10 proyectos prioritarios fijados en la anterior conferencia sectorial.

En segundo lugar, se ha aprobado el acuerdo para el reconocimiento de las oficinas de asistencia a las víctimas del delito (OAVD), tanto las dependientes del Ministerio como las puestas en funcionamiento por las CCAA con competencias transferidas, como servicios especializados que podrán acreditar la situación de violencia de género, a fin de evitar la revictimización secundaria y que las víctimas se vean obligadas a acudir a otros recursos.

La ministra ha resaltado que la reunión se ha desarrollo en "un tono muy constructivo" y que también ha servido para dar cuenta de la tramitación de las leyes de eficiencia organizativa, procesal y digital, que son "los tres andamios que sustentan el gran proyecto compartido que es Justicia 2030" para la modernización de esta administración pública y hacerla "más eficiente, sostenible y accesible". "Un proyecto centrado en la ciudadanía", ha dicho.

BRUSELAS APLAUDE LA INVERSIÓN DIGITAL

Por su parte, Jourová ha elogiado el ejemplo de cooperación territorial para Europa de este encuentro sectorial y ha acogido con satisfacción el comienzo de la tramitación del anteproyecto de ley de eficiencia digital.

"Permitirá reforzar las inversiones para la digitalización de la Justicia, en la que España goza de una buena posición de partida", ha dicho la vicepresidenta de la Comisión Europa, según informa Justicia.

Llop ha agradecido su participación, apuntando que supone un reconocimiento de las instituciones españolas y europeas al valor de la cooperación territorial. Para la ministra, este esfuerzo conjunto en materia de cooperación territorial en asuntos de Justicia constituye una "base extraordinaria sobre la que continuar construyendo unos proyectos vanguardistas que suponen un cambio de paradigma en la Justicia española".

En cuanto a Gil, ha señalado la importancia que tiene que la Justicia sea accesible para todas las personas, vivan donde vivan, "un desafío todavía mayor en la llamada España vaciada". En este sentido, ha puesto en valor el proyecto de las Oficinas de Justicia en los municipios, del plan Justicia 2030, "un buen ejemplo de ese diálogo entre el Gobierno central, las CCAA y las administraciones locales".