AF, la asociación mayoritaria en la carrera fiscal, se suma a las reclamaciones de APIF

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Justicia y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) han defendido este miércoles, durante el juicio que se ha celebrado en la Audiencia Nacional por una demanda de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que el plan de riesgos laborales vigente desde 2014 para todos los funcionarios de la administración de justicia ya da cobertura a los fiscales, en contra de lo denunciado por APIF.

APIF presentó a finales de noviembre una demanda contra el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General del Estado (FGE) y una docena de comunidades autónomas para "obtener un pronunciamiento judicial" que declare que los fiscales "carecen" de "protección real y efectiva en materia de riesgos laborales" y que condene a las administraciones demandadas a adoptar el plan de prevención, contratando para ello a "una empresa con solvencia técnica suficiente" en el plazo de dos meses.

Las partes estaban citadas a las 10.00 horas de este 19 de enero en la Sala de lo Social para intentar una conciliación que no ha sido posible, porque las posturas están demasiado enfrentadas, por lo que inmediatamente después se ha celebrado la vista oral, según las fuentes consultadas por Europa Press.

Durante el juicio, la Asociación de Fiscales (AF) --la mayoritaria en la carrera fiscal-- y la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que hasta ahora figuraban como partes interesadas, han tenido ocasión de pronunciarse, en el primer caso para adherirse a la demanda de APIF y en el segundo para oponerse.

Así, UPF y el abogado del Estado que representaba al departamento de Pilar Llop han argumentado que ya hay un plan de prevención de riesgos laborales para los miembros del Ministerio Fiscal porque el general de 2014 les ampara.

Las fuentes han precisado que el abogado del Estado que ha comparecido en representación de la FGE se ha limitado a ratificar su oposición a la demanda de APIF, en una intervención muy breve.

APIF, por su parte, ha incidido en que el plan de 2014 no puede considerarse suficiente porque fue obra del Ministerio de Justicia, sin que se contara con el concurso del Ministerio Público, que es quien realmente conoce las condiciones de trabajo de sus miembros.

De hecho, en la demanda, APIF critica que se mantenga a la Fiscalía "como un sujeto subordinado o secundario frente a la asunción de dicha responsabilidad por el Ministerio de Justicia, y sin mención alguna a las comunidades autónomas".

CUESTIONAN LA LEGITIMIDAD DE APIF

De acuerdo con las mismas fuentes, ha sido un juicio "duro" por cuanto en el arranque del mismo la Abogacía del Estado ha cuestionado la legitimidad de APIF para demandar a estas administraciones públicas por tratarse de una asociación con menor número de afiliados.

Desde APIF han puesto de relieve que no hay ninguna norma que exija un nivel mínimo de representatividad a las asociaciones de fiscales para emprender acciones legales.

No obstante, de existir un escollo en ese sentido, APIF ha estimado que ha quedado superado desde el momento en el que AF se ha adherido a la demanda durante la vista oral.

PIDE "AUXILIO"

En la lista de argumentos esbozada en los 22 folios de la demanda, APIF reprocha en particular que "la Fiscalía hace omisión de cualquier deber de prevención de riesgos en relación con la preservación de los derechos de las mujeres embarazadas en situación de riesgo"; que "los casos de acoso laboral o se silencian o no se investigan"; y que "los accidentes derivados del estrés no se investigan como tales, sino como aconteceres naturales del paso de los años en las personas".

Así las cosas, APIF pide "auxilio judicial" para "empezar a corregir una situación que no se arregla por quienes deberían hacerlo" y que, a su juicio, tampoco se arregla con un "sistema de prevención de riesgos ajeno por completo a los fines y objetivos de la Fiscalía y al trabajo de los fiscales" que "sirve para que el Estado pueda esgrimir dicho texto formal a fin de evitar las consecuencias de mantener a los fiscales sin prevención de riesgos de ningún tipo".

En el marco de la demanda, la asociación de fiscales llama la atención sobre la gestión del Ministerio Público durante la pandemia de coronavirus, cuando "envió de forma temeraria" a los fiscales a "trabajar sin los correspondientes medios de prevención de riesgos laborales, exponiéndolos a un contagio letal por COVID-19".

Recalca que es "especialmente lamentable" que entre las funciones del Ministerio Fiscal se encuentre "perseguir los accidentes laborales" y precisa que es "especialmente agravador" que la propia Fiscalía "carezca del correspondiente plan de prevención de riesgos".