El acusado ordena a su defensa no realizar informe y rechaza hacer uso de la última palabra ante el tribunal

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El juicio contra el etarra Gorka Palacios Alday, que se enfrenta a una petición de 316 años de cárcel por el atentado que la banda cometió en mayo de 2001 en una sucursal del BBVA situada en la calle Goya de Madrid, ha quedado visto para sentencia este miércoles con el acusado renunciando al uso de la última palabra y ordenando a su defensa que no realizase informe final.

Palacios, que ya renunció a declarar al inicio de la vista oral, ha descartado hacer valoraciones, aunque su defensa ha pedido su libre absolución. La Fiscalía, sin embargo, considera que las evidencias recopiladas durante el juicio no dejan dudas acerca de su participación en el ataque como integrante del 'comando Madrid'.

En su informe, el representante del Ministerio Público Marcelo Azcárraga ha puesto el foco en la magnitud del atentado perpetrado en la céntrica calle madrileña: "Una carga explosiva de 70 kilogramos provocó un cráter de metro y medio". La detonación causó heridas a 18 personas y provocó cuantiosos daños materiales en los vehículos y edificios colindantes.

El fiscal, que ha descartado ser demasiado "prolijo" ante la abundancia de pruebas, ha sostenido que las declaraciones de los testigos celebradas en las dos sesiones están "perfectamente corroboradas por todos los elementos" que se han aportado, tales como las periciales caligráficas, acústicas y de ADN.

"DIRECTOR" DEL COMANDO MADRID

De lo que tampoco hay ningún tipo de duda, según ha explicado, es del estatus de Palacios dentro del comando Madrid. "Tenía carácter de director", ha señalado, apuntando que el nombre del resto de integrantes del grupo quedaron evidenciados en la 'cantada' --los documentos que los etarras enviaban a los jefes de la organización explicando la causas de su arresto--de Ana Belén Egües.

Así las cosas, y como fue "ratificado" por el también etarra Aitor García Aliaga, el coche que el comando robó para provocar la detonación fue colocado por Fermín Vila, Egües y el acusado, Gorka Palacios. El propio Palacios, según la declaración de un investigador, era el encargado de realizar siempre los avisos telefónicos previos a los atentados.

"A ver, escuche atentamente porque sólo se lo voy a decir una vez. Le llamo en nombre de ETA para decirle que en la calle Goya hay un coche explosivo entre la calle Serrano y la calle Príncipe de Vergara", avisó. Fue entonces cuando los Bomberos devolvieron la llamada al teléfono móvil desde el que se realizó el primer contacto. "Sí, se acabó, ya está puesto en el BBVA", volvió a confirmar Palacios.

Ese mismo testigo ha recordado cómo la cantada de Egües detallaba el 'modus operandi' del Comando Madrid, que se encargaba de robar vehículos en barrios como Hortaleza o Carabanchel para después utilizarlos como coches bombas. Fue el análisis de las denuncias con el posterior cotejo lo que permitió constatar este punto a los agentes.

En el caso del ataque contra el BBVA, el comando se apoderó de un Renault Clio situado en la calle Luis Hoyos de Sáinz entre la tarde del 7 de mayo de 2001 y la mañana del día siguiente. En este punto, Palacios "le sustituyó las placas de matrícula por otras inauténticas que les había proporcionado la banda terrorista", colocando en la misma "la señalada carga explosiva, la cual se iniciaba de forma eléctrica y con temporizador".

EL FISCAL DA VALIDEZ A LA CANTADA Y DESCARTA TORTURAS

Así, y a pesar de que la citada Egües asegurase durante el juicio que las declaraciones que efectuó en sede policial y lo contenido en su carta manuscrita fue resultado de las torturas sufridas por la policía, el fiscal ha dejado claro que la prueba no puede ser "tachada de ninguna forma".

"Las alegaciones a la forma en que la misma se presta y de que se obtuvieron mediante torturas, inventadas por la policía y obligada a ser aprendidas para su ratificación*véase la incoherencia de que se hiciera con uno de los detenidos y no con el otro. Esas declaraciones son libres y voluntarias por tanto que no hay dato alguno que permita inferir lo contrario", ha afirmado Azcárraga.

En este sentido, el fiscal ha señalado que "en ningún momento" Egües dice en su cantada que todo lo que escribió fue "bajo torturas". "Dice: 'de todas las cosas podría haber callado algunas'. Eso le está reconociendo a ETA. 'Pero cogiendo un hilo, tirando del mismo, sacaron los datos. Corrobora lo que dijeron los agentes", ha añadido.

A su juicio, se trata únicamente de "la misma estrategia de ETA de denunciar torturas una declaración". En cualquier caso, Azcárraga cree que aunque "evasivas" las declaraciones en el juicio de Egües y de Aliaga "corroboran datos", como el hecho de que ambos reconocieran que coincidieron en Madrid con Palacios.

Finalmente el fiscal se ha reiterado en su escrito de conclusiones con una única modificación relativa a las indemnizaciones de dos de los afectados. En el mismo, Azcárraga interesa la condena por un delito de estragos terroristas, por cuatro delitos de atentado terrorista contra persona con causación de lesiones graves, por 14 delitos de atentado terrorista contra persona con causación de otras lesiones, por un delito de robo con finalidad terrorista, y por un delito de falsificación de documento oficial cometido por particular con finalidad terrorista.

Por su parte, tanto la acusación ejercida por la Asociación de Víctimas del Terrorismo como la Abogacía del Estado y la propia defensa de Palacios han elevado a definitivas sus conclusiones sin realizar modificaciones. Además, la representación del etarra ha renunciado a su informe final por "expreso deseo" del mismo.

UNO DE LOS MIEMBROS MÁS ACTIVOS DE ETA

Palacios fue considerado uno de los miembros más activos de la organización desde que comenzó su actividad terrorista en los años 90, llegando a formar parte del comando Madrid, por el que se le atribuyeron diversos atentados.

En 2003, siendo uno de los etarras más buscados por las Fuerzas de Seguridad, asumió el cargo de jefe de los comandos de ETA, responsabilidad que compartió con Ibón Fernández Iradi, 'Susper', hasta su detención en Pau (Francia) en diciembre de ese año.

Las autoridades francesas entregaron en abril de 2018 a Palacios tras cumplir sus penas en las prisiones de Saint Maur y Châteauroux. El tribunal de lo Criminal de París le condenó a 18 años de prisión en 2009 y un año después la justicia francesa lo entregó de manera temporal a España para que fuera juzgado por la Audiencia Nacional, que le impuso 83 años de cárcel por el atentado cometido contra el Ministerio de Justicia del 10 de julio de 2001, en el que falleció el policía nacional Luis Ortiz, y resultaron heridas a otras 20 personas.

Tras permanecer casi dos años en las cárceles de Soto del Real y Estremera, fue devuelto en 2012 al Estado francés y encarcelado en Saint Maur, donde pasó 18 meses, hasta que entregado temporalmente a España para un nuevo juicio. En 2013 regresó a Saint Maur, donde permaneció hasta 2018.