Rechaza el recurso de reforma porque la petición de Pinto solo tiene "cobertura" en las anotaciones en la agenda de Villarejo

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha rechazado la práctica de diligencias interesadas por la doctora Elisa Pinto, que pedía la citación como testigos del comisario Enrique García Castaño, al inspector Alberto Carba y al comisario Andrés Gómez Gordo en la pieza 24 de la macrocausa 'Tándem'.

En su escrito, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 ha desestimado la petición de Pinto, que consideraba que la práctica de las diligencias que solicitaba eran esenciales para "perfilar el delito investigado así como la posible implicación de otras personas en los hechos".

Todo ello en el marco pieza separada 24 de 'Tándem', en la que se intenta dilucidar si el empresario Javier López Madrid contrató al comisario jubilado José Manuel Villarejo en septiembre de 2013 para hostigar a la doctora Pinto.

En esta línea, el magistrado insiste en que el recurso debe ser rechazado toda vez que las diligencias "únicamente encuentran cobertura en las anotaciones particulares aparecidas en los documentos" de Villarejo.

"Sin embargo, no se ven corroboradas por otros elementos que se han valorado en esta instrucción. Dado que no se aprecia una conexión directa e inmediata con lo practicado hasta este momento, hemos de considerar que las anotaciones en la agenda de Villarejo no constituyen, por si solas, un elemento de valoración suficiente que justifique la reforma del auto recurrido", señala García-Castellón.

Pinto, que pidió 6 años de cárcel tanto para López Madrid como para Villarejo y Redondo, pretendía que el juez acordase las diligencias que le fueron denegadas y que consistían en profundizar en la "trama policial" que el comisario habría puesto "al servicio particular" de López Madrid, para lo cual consideró necesario interrogar como investigados a García-Castaño, Andrés Gómez Gordo y José Luis Conde.

Así, el juez reitera, como ya hizo en la resolución del recurso interpuesto por López Madrid, que en esta causa "no se ventila ningún aspecto relativo a los episodios de acoso denunciados". "Así las cosas, pese a que en el recurso se haga mención a un 'entramado policial' y se concreten unos hechos que en este proceso no son objeto de examen, ello no es suficiente como para modificar el auto combatido", recalca García-Castellón.

Con todo, el magistrado recuerda que Pinto puede solicitar "la práctica de las testificales que estime convenientes en el momento procesal oportuno" sin que "para ello haya de dilatarse la presente causa en el tiempo".

CONFLICTO ENTRE PINTO Y LÓPEZ MADRID

Pese a todo, esta pieza separada de 'Tándem' hunde sus raíces en un conflicto personal entre López Madrid y Pinto que ha dado lugar a acusaciones cruzadas en los juzgados de instrucción de Madrid.

El año pasado, la titular del Juzgado de Instrucción 39, Belén Sánchez, propuso juzgar a López Madrid por delitos de acoso y amenazas --al que después ha sumado un delito de lesiones--, y a Villarejo por las heridas provocadas con "instrumento peligroso" a Pinto.

De acuerdo con la querella formulada por la doctora, en abril de 2014 fue atacada con un objeto punzante cuando bajaba del coche con uno de sus hijos, de 10 años. "López Madrid quiere que cierres la boca", le habría dicho el agresor antes de irse. En 2017, reconoció a Villarejo como el atacante.

Por otro lado, el Juzgado de Instrucción 26 investiga presuntos delitos contra la integridad moral y de amenazas sufridos por López Madrid, que ha instado a abrir juicio contra Pinto por las cientos de llamadas que entre 2013 y 2014 habrían recibido él y su entorno. La doctora, en cambio, ha pedido el archivo.

Cabe recordar que López Madrid fue juzgado en el caso Bankia y García-Castellón le ha enviado a juicio, junto al ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, por la presunta adjudicación irregular de las obras del tren de Navalcarnero en el marco del caso 'Lezo'.

También está investigado en 'Púnica' por haberse repartido, presuntamente, una comisión de 3,6 millones de euros con los dos principales imputados en esta causa, el ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados y el empresario David Marjaliza, por el amaño de la adjudicación de unas obras de Metro Madrid.