Destaca que están integradas por "uno de los colectivos más perseguidos por ETA" y defiende su labor ante las progresiones de grado de reclusos

VITORIA, 4 (EUROPA PRESS)

La consejera de Justicia del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, ha lamentado que haya partidos políticos que estén poniendo "en cuestión" el "rigor" con el que actúan las juntas de tratamiento de las prisiones vascas, unos órganos que están integrados por "uno de los colectivos más perseguidos por ETA" y que, a la hora de decidir sobre las progresiones de grado de los reclusos, operan con los "mismos" criterios que antes de que la competencia sobre las cárceles de Euskadi fuera transferida a la comunidad autónoma.

Artolazabal ha respondido este viernes, en el pleno de control que celebra el Parlamento Vasco, a una pregunta de Grupo Mixto-Vox en torno a las progresiones de grado a las que han accedido en los últimos meses algunos presos de la desaparecida organización terrorista que se encuentran cumpliendo condena en Euskadi.

La consejera, tal y como ya hizo el pasado 28 de febrero, ha repasado los datos sobre el número de reclusos que han accedido a una progresión de grado desde que el Gobierno Vasco asumió, el pasado mes de octubre, la competencia contemplada en el Estatuto de Autonomía de Gernika de 1979 sobre las prisiones de Euskadi.

De esa forma, ha explicado que en este tiempo, las juntas de tratamiento de las cárceles ubicadas en Euskadi han realizado 330 revisiones de expedientes de reclusos --26 de ellos de ETA-- en las que se ha decidido el mantenimiento del segundo grado. A su vez, ha recordado que los expertos que integran estas juntas de tratamiento han propuesto 166 progresiones a tercer grado --régimen de semilibertad--, de las que una decena corresponden a presos de la desaparecida organización terrorista.

Artolazabal ha insistido que a la hora de aceptar estas propuestas de las juntas de tratamiento, el Gobierno Vasco se ha limitado a "cumplir la legalidad" contemplada en la Ley Orgánica General Penitenciaria, el Código Penal y el Reglamento Penitenciario. La consejera ha recordado que en España no existe la cadena perpetua, y ha afirmado que a la hora de abordar estas cuestiones, las instituciones no pueden hacerlo con "el corazón", sino que han de actuar "conforme a la ley".

INFORMACIÓN A LAS VÍCTIMAS

En todo caso, ha subrayado que el Gobierno Vasco siempre tiene en cuenta a las víctimas, a las que informa "personalmente y con antelación" de cualquier medida que pueda afectarlas.

A su vez, ha precisado que las propuestas sobre la concesión o denegación de concesiones de grado las hacen las juntas de tratamiento de las prisiones, sobre las que ha recordado que están integradas por los mismos profesionales y que actúan con los mismos criterios que empleaban antes de la transferencia a Euskadi de la competencia sobre prisiones.

Artolazabal ha recordado que estas juntas están integradas por profesionales que forman parte de "uno de los colectivos más perseguidos por ETA". Además, ha afirmado que desconoce "en qué se basa" el Grupo Mixto-Vox para decir "que no se cumplen las condiciones" para el reconocimiento de estas progresiones de grado. "El Gobierno Vasco confía en el rigor de las juntas de tratamiento de los centros penitenciarios, espero que como ustedes". En este sentido, y ante las crítica de Vox y de otras formaciones, ha mostrado su deseo de que "no se ponga en cuestión" la labor de estos órganos.

Pese a las explicaciones de la consejera, la parlamentaria del Grupo Mixto-Vox ha acusado al Ejecutivo autonómico de "ningunear a las víctimas", de "privilegiar a los asesinos" y de querer "excarcelar a quienes han apretado el gatillo".