Cuestiona que sea la fuerza policial la que decida qué fragmentos eran útiles, "privando a las defensas" de contextualizarlos

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La defensa del que fuera jefe de Seguridad de Iberdrola Antonio Asenjo, imputado en la pieza 17 del caso 'Tándem', ha impugnado los atestados policiales y las grabaciones incorporados a la causa al tiempo que ha pedido que se acredite el origen de las grabaciones y el carácter original de las usadas en la investigación, además de certificar su autenticidad e integridad.

En el escrito con fecha 18 de julio, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Asenjo insta a que se ponga a disposición judicial el material en el plazo más breve, para garantizar su autenticidad, "ya que la demora podría constituir un indicio de posible manipulación". Además, insiste en que se aporten los "soportes originales", porque estos solventarían "cualquier duda sobre su posible alteración o edición".

Esto, señala el documento, "es condición para la obligada mediación judicial en la selección de secuencias que se introducen en el cuadro de la prueba". Asimismo, la representación de Asenjo conmina al juez a que se incorpore íntegramente todo lo grabado para que sea "la autoridad judicial la que seleccione, de modo contradictorio, los fragmentos y secuencias que resulten relevantes".

"Cuando la selección se hace de manera unilateral por los investigadores policiales, sin mediación judicial ni intervención de las partes, se está privando a las defensas de la posibilidad de contextualizar los fragmentos supuestamente incriminatorios en el relato grabado", recuerda la defensa.

Así, el escrito incide en que "la elección de pasajes no es una diligencia neutral, pues depende de la hipótesis del observador". A su vez, detalla que "cualquier tarea de síntesis o de cita es una forma de manipulación del material, porque otorga sentido y puede alterar la narración, de ahí que deba realizarse con posibilidad de actuación de la defensa".

SE DESCONOCE SI EL MATERIAL HA SIDO "OBJETO DE EDICIÓN" PREVIO

En el escrito, la defensa aporta jurisprudencia del Tribunal Supremo, casos en los que fue el magistrado el encargado de seleccionar diferentes secuencias en las grabaciones y no la Policía, además de dos sentencias en que destacan "que las palabras o frases sueltas, descontextualizadas, pueden llevar al observador a error con suma facilidad".

En el caso de Asenjo, enmarcado en la pieza separada número 17 -en la que se investigan los supuestos encargos de responsables de Iberdrola al comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo y a su empresa Grupo Cenyt_ la defensa insiste en que se "desconoce si las grabaciones empleadas por la fuerza policial para la confección de sus atestados son originales o no".

"Por ende, si desconoce si el material empleado ha sido objeto de edición o no con carácter previo", apunta, señalando que "no se conoce, con las debidas garantías de fehaciencia, la fecha de grabación de material" y recordando que "ha sido la fuerza policial la que ha analizado el material y la que ha decidido qué fragmentos eran útiles para la investigación de los hechos y para la identificación de sus presuntos autores".

En este contexto, el abogado de Asenjo, Manuel Santaella, lamenta que "en la selección de estos fragmentos" no hayan "podido intervenir las defensas". Y va más allá, haciendo constar que "fue un acto de investigación unilateral, sin mediación judicial, con potencialidad para condicionar la prueba".

Por último, y una vez se verifique lo anterior, el abogado solicita de conformidad con el artículo 311 de la LECrim --que fija que el juez que instruya el sumario practicará las diligencias que le propusieran el Ministerio Fiscal o cualquiera de las partes personadas si no las considera inútiles o perjudiciales-- que la selección de los fragmentos de interés para la investigación se realice con control judicial e intervención de las partes de forma contradictoria.

A inicios de este mismo año, la defensa del que fuera jefe de Seguridad de Iberdrola ya denunció que los documentos y facturas aportados por otro de los investigados --el exdirectivo José Antonio del Olmo-- a la causa habían sido confeccionados con "fines espurios", y añadió que se desconocía el modo de obtenerlos y que su tenencia es "ilegítima e ilegal".

Esta fue la razón que llevó a su abogado a solicitar al instructor del caso que considerase esa documental aportada el 2 de diciembre de 2020 por Del Olmo como "ilícita" puesto que se trataba, a su juicio, de una "ilegal producción de fuente de prueba".