Sobre la reforma laboral dice que la cuestión no está en la prevalencia de los convenios, sino en "si refleja o no en un decreto ley"

BILBAO, 2 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Gobierno Vasco y consejero de Cultura y Política Lingüística, Bingen Zupiria, cree que el retraso en el traspaso a Euskadi de la competencia del Ingreso Mínimo Vital (IMV) se debe a "la resistencia de algunos poderes del Estado, que va más allá de la política, que entienden que son la estructura y el esqueleto del Estado y que se resisten a que algunas cosas cambien".

En una entrevista a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Zupiria ha recordado que el Ingreso Mínimo Vital "es una cosa nueva", que "no existía en la legislación española y tampoco estaba claramente establecida en los planes del Gobierno", sino que surgió "en medio de la pandemia como una respuesta para hacer frente a las personas que tenían una necesidad económica más apremiante".

Tras precisar que el IMV en el Estado viene a ser algo que ya existía en Euskadi desde la década de los 80, Zupiria ha explicado que cuanto el Gobierno planteó esta cuestión el grupo parlamentario del PNV "entendió que era algo que en Euskadi debía ser gestionado por el Gobierno vasco y se llegó a un acuerdo para que eso que en España se llama Ingreso Mínimo Vital se gestionara desde Euskadi en combinación con la RGI, de forma complementaria".

Según ha recordado, el Gobierno central "se comprometió" a que entrara en vigor en octubre de 2020, pero "ha pasado año y medio y todavía no hemos conseguido desatascar esa cuestión, y en eso andamos". A su entender, esta situación se debe a "un problema de fondo muy serio que tiene el Estado español, que en su Constitución se configura como un Estado autonómico, pero hay muchos poderes en el Estado que no han asumido esa realidad autonómica y plurinacional y se resisten a modificar algunas cuestiones".

En el caso concreto del IMV, ha considerado que estamos asistiendo a "la resistencia de algunos poderes del Estado, que va más allá de la política, que entienden que son la estructura y el esqueleto del Estado y que se resisten a que algunas cosas cambien".

A su entender, se está produciendo una "erosión competencial" y hay "una resistencia a trasferir cuestiones que están aún pendientes desde el año 1979, recogidas en el Estatuto de Autonomía". "Hay una resistencia a hacer otra interpretación del estado autonómico, hay una resistencia también a aceptar la situación de hecho que se ha ido generando durante todos estos años, y hay poderes del estado que no resignan a que las cosas sean de otra manera", ha manifestado.

INVASIÓN COMPETENCIAL LEY VIVIENDA

En la misma línea, ha advertido que con la Ley de Vivienda "se puede volver a reproducir una situación en la que el Partido Socialista entienda que junto con Podemos se ha hecho la ley que se debe hacer" y el PNV, "probablemente entenderá que esa ley puede traer consigo una invasión competencial" y el algo que "habrá que aclarar".

La vivienda, ha recordado, es una política transferida en Euskadi y las instituciones vascas "llegan décadas adoptando medidas para favorecer una vivienda digna a todos sus ciudadanos", además de existir una Ley vasca de Vivienda.

REFORMA LABORAL

Sobre el acuerdo de la reforma laboral alcanzado por el Gobierno, los sindicatos CCOO y UGT y la patronal CEOE, que se someterá este jueves al tramite parlamentario, Zupiria ha dicho que es algo que "compete al ámbito de los partidos".

En cualquier caso, ha apuntado que "una cosa es los acuerdos que puedan adoptar el Partido Socialista y el PNV en el ámbito estatal, pero también nos ata a los partidos que forman el Gobierno vasco y a quienes representamos a esos partidos".

Zupiria ha destacado que el acuerdo del Gobierno Vasco entre PNV y PSE tiene como primer objetivo "la creación de empleo de calidad y ahí incide en la importancia de reforzar un sistema vasco de relaciones laborales, donde la contratación de personal y la lucha contra la precariedad es un asunto muy importante que compromete al Consejo de Gobierno por el programa que tiene suscrito PNV y PSE".

Por otro lado, ha dicho que "da la impresión de que la cuestión no está" en la prevalencia de los convenios autonómicos, sino en "si refleja o no en un decreto ley y espero que así sea".

LLODIO

Por otro lado, Zupiria se ha referido a la resolución judicial que anula el cese de una trabajadora del Ayuntamiento de Llodio (Álava) que no acreditó el perfil de euskera argumentando que el euskera es "difícil" y que, al ser mayor de 45 años, está "exenta".

Zupiria ha dicho tener "una actitud constructiva en el tema de la normalización del euskera" y que siempre ha apostado por "los más amplios consensos y por contar con la mayor adhesión ciudadana" para que las medidas que adoptamos en el ámbito de la normalización del euskera tengan el mayor respaldo posible".

"No debemos olvidar que toda la euskaldunización de la administración es consecuencia de un derecho que los ciudadanos vascos tenemos a ser atendidos en nuestra lengua", ha advertido, para subrayar que "el derecho es de los ciudadanos, no de las administraciones" por lo que las administraciones "se ven obligadas a adoptar medidas para satisfacer ese derecho que por ley tenemos reconocidos los hombres y mujeres que en Euskadi podemos elegir si la relaciones que vamos a tener con las administraciones las queremos tener en castellano o en euskera".

En ese sentido, ha señalado que, "para responder a esa situación", el Ayuntamiento de Llodio ha adoptado "una serie de medidas con respecto a su relación de puestos de trabajo en la administración local, a los perfiles que deben de tener esos puestos y al momento en el que sería preceptivo y obligatorio el conocimiento del euskera en unos puestos de trabajo y en otros no, en función de su realidad sociolíngüítica".

Este, ha dicho, es "un proceso que en Laudio y en todos los municipios del país ha ido avanzado durante 40 años" y, según ha defendido, los responsables políticos de las administraciones vascas" han actuado siempre con mucha prudencia en esta cuestión, no se ha adoptado apenas ninguna decisión drástica y ha habido muchísima flexibilidad y muchísimo consenso".

Tras remarcar que desconoce el caso concreto de Llodio sucedido con una persona que "era interina y no cumplía con el perfil lingüístico que tenia la plaza", ha dicho que es el Ayuntamiento de Llodio "quien tendrá que analizar si su procedimiento ha sido el adecuado y tomar sus decisiones en función de eso".

"De ahí a la consideración que realiza la juez sobre la dificultad del idioma, creo que hay un derecho y la juez se ha metido en un berenjenal en que no debía haberse metido", ha valorado.