Defienden que durante el tiempo de su aplicación ha funcionado

BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)

Los grupos de ERC, Junts, la CUP, los comuns y el Sindicat de Llogateres de Catalunya han lamentado la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de anular parte de la Ley 11/2020, de contención de rentas en los contratos de alquiler, al entender que invade competencias estatales, y aseguran que buscarán "todas las vías" para garantizar el derecho a la vivienda.

En rueda de prensa en el Parlament este jueves, la secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha tildado el recurso del PP contra esta ley de acto de irresponsabilidad porque, a su juicio, ha sido útil para la ciudadanía; y sobre la Ley de Vivienda estatal, ha exigido al Gobierno respetar las competencias de Cataluña: "Si no se respetan no estaremos".

La diputada de Junts Glòria Freixa ha criticado las "intromisiones competenciales de tribunales españoles ante todo lo que legisla el Parlament" y ha advertido de que Junts analizará la Ley de Vivienda estatal que, según ella, supone probablemente una reversión de esta ley que ha tumbado el TC.

La diputada 'cupaire' Montserrat Vinyets ha asegurado que para ellos la sentencia no es una sorpresa porque es muestra de la "genuflexión constante de los grandes partidos --PP y PSOE-- y el TC a los grandes mercados financieros internacionales", y frente a esto ha reivindicado la necesidad de la independencia de Cataluña y hacer leyes que limiten aún más las rentas, en sus palabras.

Por los comuns, la diputada Susanna Segovia ha rechazado la sentencia porque "una vez más el TC ha sido la herramienta del PP para ponerse al servicio de los especuladores", y ha defendido que la ley, durante su aplicación, ha funcionado y ha rebajado los precios de los alquileres, a la vez que ha aumentado el número de contratos.

SINDICAT DE LLOGATERES

Por parte del Sindicat de Llogateres de Catalunya, uno de sus portavoces Enric Aragonès ha sostenido que la aplicación de esta ley "ha sido un éxito y ha funcionado", y ha avisado de que pedirán al Govern una reunión en los próximos días para que reafirme su compromiso con la regulación de los precios de arrendamiento.

Carme Alcaraz, otra de las portavoces del sindicato, ha reprochado que con esta decisión el TC "deja desprotegidas a más de 160.000 familias y al conjunto de la población inquilina de Cataluña, que habría podido optar a contratos regulados, rebajas y evitar muchas expulsiones injustificadas".