ALICANTE, 30 (EUROPA PRESS)

La Policía de la Generalitat ha desmantelado en Elda y Alicante un entramado de personas y empresas de desguace de vehículos que incumplían la normativa medioambiental y laboral y, presuntamente, falseaban certificaos de descontaminación.

En el marco de la Operación Bobra, centrada en la inspección en el ámbito industrial y medioambiental, se ha investigado a cuatro personas como presuntas autoras de delitos contra el medio ambiente, falsedad documental y contra los derechos de los trabajadores y las trabajadoras.

La investigación del Grupo de Medio Ambiente de Alicante se inició durante la inspección a un desguace de Elda en el que se detectó que la empresa carecía de autorización para el manejo de gases fluorados y de maquinaria para la extracción de los mismos, según ha explicaod la Generalitat en un comunicado.

La mercantil tampoco contaba con documentos acreditativos para la retirada de estos residuos por parte de un gestor autorizado, expulsando gases al exterior de forma incontrolada.

Los vehículos descontaminados en Elda, al parecer, se daban de baja en la Dirección General de Tráfico (DGT) gracias a certificados de destrucción emitidos por otro desguace de Alicante que sí contaba con la autorización administrativa para descontaminar vehículos y tratamiento de residuos.

Los vehículos se documentaban como si el proceso de descontaminación y achatarramiento se hubiese hecho conforme a lo previsto en la normativa, cuando en realidad presuntamente lo hacía sin cumplir con los requisitos necesarios y causando con ello graves daños medioambientales.

De esta forma, el desguace de Elda se ahorraba los costes de tratamiento de residuos para obtener un mayor beneficio económico. Se calcula que con este proceso se han podido emitir de forma incontrolada a la atmósfera 86.250 gramos de gases altamente dañinos para la capa de ozono en los últimos 5 años.

Durante las pesquisas también se descubrió que carecía de autorización administrativa y no cumplía con los requisitos exigibles en sus instalaciones. Además, la Policía de la Generalitat detectó que la empresa no había dado de alta en la Seguridad Social a un trabajador y que éste carecía de la preparación necesaria para descontaminar vehículos y realizar el tratamiento de los residuos resultantes.

La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha puesto en valor "la labor de investigación del Grupo de Medio Ambiente de la Policía de la Generalitat, un grupo que se ha convertido en decisivo para velar por la protección del medio ambiente y por garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras".

Bravo ha subrayado "el compromiso del Consell con la sostenibilidad" y ha hecho hincapié "en el papel de la investigación policial para evitar este tipo de fraudes y las prácticas ilícitas en cuestiones que llegan a incidir en la salud de la ciudadanía".