19.04.2024 |
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Ciudadanos propone que no pueda ser Defensor del Pueblo quien haya desempeñado cargos políticos en los 8 años anteriores

El Grupo Parlamentario Ciudadanos ha presentado este jueves en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley del Defensor del Pueblo, para modificar el sistema de elección del alto comisionado de las Cortes Generales, y propone que no pueda ser elegido quien haya desempeñado cargos políticos en los ocho años anteriores, con el objetivo de garantizar su "independencia e imparcialidad".
El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán
El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán
Ciudadanos propone que no pueda ser Defensor del Pueblo quien haya desempeñado cargos políticos en los 8 años anteriores

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El Grupo Parlamentario Ciudadanos ha presentado este jueves en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley del Defensor del Pueblo, para modificar el sistema de elección del alto comisionado de las Cortes Generales, y propone que no pueda ser elegido quien haya desempeñado cargos políticos en los ocho años anteriores, con el objetivo de garantizar su "independencia e imparcialidad".

"A pesar de que la Constitución Española defiende la necesidad de que las Administraciones Públicas sirvan con objetividad a los intereses generales, los procedimientos de elección de los miembros de los órganos constitucionales han acabado facilitando un sistema de cuotas a través del cual los grupos parlamentarios designan a personas cuya independencia e imparcialidad se encuentra en entredicho", señala el texto de la proposición de ley, al que ha tenido acceso Europa Press.

A su vez, añade que el "filtro previo" que realizan los grupos parlamentarios en estos procedimientos supone "un menoscabo al derecho de la mayoría de ciudadanos a la hora de participar en los asuntos públicos y a optar a cualquier cargo público en condiciones de igualdad".

En la reforma de la ley que propone Ciudadanos, se modifica el actual sistema de elección del Defensor del Pueblo estableciendo el concurso de méritos como procedimiento para la elección del alto comisionado las Cortes Generales.

Así, se crea un sistema de designación "donde se garantiza una evaluación de idoneidad previa de los aspirantes y la concurrencia en condiciones de igualdad de cualquier ciudadano que cumpla los requisitos para ser nombrado Defensor del Pueblo".

Asimismo, se modifican las mayorías necesarias para ser designado alto comisionado de las Cortes Generales, fijando una votación favorable de las tres quintas partes de los miembros del Congreso y del Senado en todo caso, y se introduce una cláusula de desbloqueo, para garantizar la renovación de este órgano constitucional y "evitar interinidades prolongadas que comprometan el cometido de este órgano constitucional ante la incapacidad de las Cámaras de alcanzar las mayorías previstas".

Además, se introducen nuevas causas de inelegibilidad para desempeñar el cargo, relacionadas con el desempeño previo de cargos de carácter político "con el objetivo de garantizar su independencia frente a posibles presiones o intereses durante el desempeño de las funciones del Defensor del Pueblo".

"Será inelegible quien, dentro de los ocho años anteriores a la fecha de la convocatoria del concurso de méritos, hubiese desempeñado un mandato representativo, un alto cargo o cargos asimilados a este, un cargo de elección o designación política en las Administraciones Públicas o en los organismos y entidades dependientes de las mismas, o un puesto de trabajo, un cargo orgánico u otros con funciones directivas en sindicatos y partidos políticos, federaciones, coaliciones de los mismos", reza el texto.

Igualmente, Ciudadanos propone una modificación de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en la que se introducen como causas de inelegibilidad para ser miembro del Gobierno de España el hecho de haber sido nombrado para formar parte de cualquiera de los órganos constitucionales o de una autoridad administrativa independiente "para eliminar cualquier incentivo de orientar sus actuaciones en beneficio del Gobierno de España o cualquier grupo parlamentario en perspectiva de ser nombrado alto cargo del Gobierno una vez espire el mandato del puesto para el que fue designado".

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