Advierte de que la "legalidad no se negocia" y de que el Ejecutivo "no va a pasar por alto nada que no pueda ser aceptado legalmente"

MADRID, 8 (OTR/PRESS)

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado que en el decreto del fondo para fianzas de los políticos catalanes aprobado por el Govern "pone algunas cosas que son difíciles de entender", y ha precisado que el Ejecutivo "no va a pasar por alto nada que no pueda ser aceptado legalmente" y ha advertido de que "la legalidad no la negocia".

Calvo ha realizado estas declaraciones durante los Desayunos Informativos de Europa Press, que también han contado con la presencia de otros ministros como el de Justicia, Juan Carlos Campo, el de Política Terriotrial, Miquel Iceta y la ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.

La vicepresidenta ha respondido a la pregunta de si el Ejecutivo iba a recurrir el decreto ley del Govern por el que se crea un fondo de 10 millones de euros para avalar multas del Tribunal de Cuentas a los exaltos cargos del Ejecutivo catalán.

POLITICA TERRITORIAL, ABOGACÍA Y VICEPRSIDENCIA ESTUDIAN EL TEXTO

Carmen Calvo no ha precisado si se recurrirá o no, ya que el texto está siendo estudidado ahora por el Ministerio de Política Territorial, con apoyo de la Abogacía General del Estado y ha añadido también que ayer lo estuvo viendo ella misma con su equipo.

Pero sí ha apuntado que "ahí se ponen algunas cosas que son difíciles de entender, con arreglo a cómo pueden llegar ese tipo de avales, hasta que la sentencia se produzca, y a dónde se recurre".

Ha señalado también que su equipo y ella han estado viendo "la parte de ese texto que dice que la sentencia no es firme hasta que no se pueda recurrir en instancias extraterritoriales de nuestro país". En este sentido, ha querido dejar claro que "en este país, su vía judicial la cierra aquí". "Así de claro y contundente", ha remachado.

La vicepresidenta ha defendido lo "riguroso" que es el Gobierno en estas cuestiones y ha recordado las "cosas muy complicadas" a las que ha tenido que hacer frente, admitiendo eso sí, que "nadie es perfecto" y que a veces "te asaltan las dudas".

"LA LEGALIDAD NO SE NEGOCIA"

Pero ha querido dejar claro que "hay cosas que resultan difíciles de entender" y que el Gobienro "no va a pasar por alto nada que no pueda ser aceptado legalmente".

Por ello, ha señalado que en caso de que se presente recurso, este sería ante el Tribunal Constituiconal porque se trata de un decreto ley del Gobierno catalán.

Al ser preguntada si el Ejecutivo va a negociar el decreto con la Generalitat de Cataluña, Calvo ha precisado que el Gobierno "la legalidad no la negocia" y ha pedido que esto "quede claro a todo el mundo".

En este sentido, ha explicado que el Gobierno analiza cada día y no solo en el caso de Cataluña, sino también en el del resto de CCAA, la normativa que van produciendo, con el fin de comprobar si invade o no competencias o si se ajusta a la Constitución.

En este caso, ha insistido en que el Ministerio de Política Territorial, que tiene además una estructura "justo para esto", está analizando el decreto ley en aquellas partes que puedan ser "inaceptables en su constitucionalidad o legalidad".

En este punto, Carmen Calvo ha criticado que se haya "instalado una moda" en la que todo es "express" y se anuncian recursos cuando la ley no esta ni terminada de votar, sin saber ni siquiera qué datos de la ley se van a recurrir porque ni se ha publicado en el BOE. En este sentido, ha afeado que se quieran recurrir leyes en base a titulares de prensa. Eso, ha dicho, "trae cosas muy extrañas".

Por el contrario, ha señalado, el "Gobiero es serio" y analiza el texto. En este contexto ha explicado que en sus conversaciones con el ministro Miquel Iceta están de acuerdo en que hay que bajar el nivel de conflictividad jurídica con las CCAA. Y ha justificado que por ello se negocia "muchas veces" con las autonomías y se llega a acuerdos.

Pero ha querido dejar claro que el Gobierno "no negocia nada que sea ilegal" y ha advertido de que si el decreto ley del Govern no es aceptable tendrán que recurrirlo al Tribunal Constitucional y sino, ha apuntado, "pues será con arreglo a ley".