La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha decidido este jueves solicitar al Tribunal Supremo que aclare el alcance de la pena que impuso al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, una condena que, según el PSOE y el grupo confederal, que suman mayoría en el órgano de gobierno de la Cámara, no implicaría tener que dejar sin escaño al parlamentario canario.

Esta es la decisión que ha adoptado Batet, en su condición de presidenta, después de que la mayoría de Mesa de la Cámara, en una votación en la que ella no ha participado, se pronunciara a favor de solicitar ese informe aclaratorio al Alto Tribunal.

La presidenta del Congreso intenta salir así de un embrollo que amenaza con convertirse en un conflicto serio entre dos poderes del Estado el legislativo y el judicial al intentar reinterpretar, basándose sólo en un informe no vinculante de los letrados de la Cámara, una sentencia firme del Tribunal Supremo.

Desde la oposición se ha acusado a Batet de pretender indultar por su cuenta al diputado de Podemos a fin de evitar una confrontación entre socialistas y morados que acabara perjudicando al Gobierno. En el PP, de hecho, se estudiaba la posibilidad, para el caso de que la presidenta no solventara hoy mismo el asunto, de emprender nuevas iniciativas incluida una demanda por prevaricación.

Fuentes jurídicas consultadas apuntan como vía más sencilla para superar el conflicto la reconsideración por parte de la Mesa de la decisión que adoptó el pasado martes y, en consecuencia, la remisión del asunto a la Junta Electoral Central para que sea este órgano, máximo interprete de la Ley Electoral, quien dirima el asunto.

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