Sus abogados advierten de que es víctima de una persecución política camuflada de delito

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La Audiencia Nacional ha rechazado suspender la extradición del opositor venezolano Ernesto Quintero a Caracas por un presunto delito de estafa, al considerar que la última petición de asilo que ha formulado en España es un intento de "burlar" su envío a Caracas, por lo que se espera que sea entregado este sábado, tal y como estaba previsto.

Quintero fue detenido en Madrid el 10 de febrero de 2021, después de que tanto el Gobierno como la Audiencia Nacional autorizaran su extradición a petición de las autoridades venezolanas, que le acusan de ser miembro de la cúpula directiva de una agencia de cambio de divisas que habría estafado 40 millones de dólares. Sin embargo, el opositor sostiene que él era un mero empleado y que nada tiene que ver con los delitos que se hubieran podido cometer.

Desde entonces, ha estado encarcelado en la prisión de Soto del Real (Madrid), a la espera de que España y Venezuela acordaran su fecha de entrega, tal y como marca el convenio bilateral sobre extradiciones, fecha que finalmente se fijó para el 12 de febrero.

El pasado día 2, Quintero presentó una tercera petición de asilo después de que agentes de las fuerzas de seguridad venezolanas hicieran una visita a sus familiares en la nación caribeña interesándose sobre su inminente llegada, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

La defensa de Quintero, que ejerce 'pro bono' Oliver Abogados, envió un escrito a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional instando a suspender la extradición hasta que se resolviera esta nueva petición de asilo, pero los magistrados han acordado seguir adelante según lo previsto, teniendo en cuenta que las dos peticiones anteriores le fueron denegadas.

En un auto del jueves, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sala señala que se trata de "un supuesto de abuso de derecho" al entender que Quintero "ha instado, por tercera vez, una nueva petición de asilo con el único objetivo de burlar la decisión firme de su entrega".

"Se constata no solo la utilización de los mecanismos hábiles en derecho para la protección de sus intereses, sino una reiteración abusiva e infundada de los mismos dirigidos a impedir la ejecución de la decisión de entrega firme ya acordada", exponen los magistrados.

En consecuencia, la extradición de Quintero se llevará a cabo este sábado, conforme a lo programado, y ello a pesar de que, según dichas fuentes, ha dado positivo en COVID-19.

UN "ADVERSARIO POLÍTICO"

Oliver Abogados ha emitido un comunicado en el que advierte de que el caso de Quintero "es uno más de los distintos modos en los que el régimen de (Nicolás) Maduro trata de perseguir adversarios políticos camuflando la persecución bajo supuestos delitos económicos que no existen, para eludir la realidad de la persecución, que es de carácter político".

A este respecto, recalcan que Quintero "fue un empleado que trabajaba como mero contable en una compañía venezolana en la que sus principales accionistas, dueños y promotores de sus conductas financieras están en libertad viviendo en Venezuela y en Estados Unidos sin ninguna medida, siendo Ernesto la única persona que ha estado privada de libertad durante más de un año en España esperando su extradición a Venezuela".

En su opinión, la entrega de Quintero a Caracas "no tiene sentido" porque la Audiencia Nacional ha denegado otras reclamaciones de Venezuela aduciendo que no había garantías del cumplimiento de los Derechos Humanos.

Venezuela, alertan, "es un país al que se le han aplicado sanciones por vulnerar los Derechos Humanos, los casos de torturas en las cárceles están siendo objeto de investigación por parte de la Corte Penal Internacional, se producen detenciones arbitrarias y es incuestionable la falta de parcialidad y de justicia en los tribunales venezolanos".

Por ello, sostienen que "Ernesto debería correr la misma suerte que otros venezolanos que han sido objeto de procesos de extradición, en los que finalmente se han denegado su entrega por no haber garantías de que sus derechos fundamentales no fueses a ser violados".

"España, como garante y defensor de los Derechos Humanos no puede comprometerse a entregar a ninguna persona a un régimen sancionado por violar los Derechos Humanos, siendo además que las autoridades españolas serán responsables de las torturas o fallecimientos que se puedan producir a los entregados a Venezuela", concluyen.

A lo largo de este año en el que Quintero ha estado encarcelado, sus abogados han intentado frenar su entrega desde varios frentes. Así, han presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que no ha sido admitido a trámite, y han formulado una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas reclamando, precisamente, que se suspenda cautelarmente su extradición.