Pretende modificar el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita para regular los requisitos específicos para la abogacía y la procura

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Justicia ha comenzado este jueves la fase de audiencia e información pública del proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita para que profesionales con antecedentes penales por violencia de género no participen en el turno de oficio de esta especialidad. Así, el departamento dirigido por Pilar Llop pretende "fortalecer el derecho de defensa y representación procesal de estas víctimas beneficiarias de justicia gratuita".

En una nota informativa, recogida por Europa Press, Justicia ha precisado que con esta iniciativa se da cumplimiento a la recomendación del Defensor del Pueblo para que se garantice y regule que en la asistencia a las víctimas de violencia de género por parte de los letrados de los turnos de oficio especializados en esta área no puedan participar profesionales que hayan sido condenados por violencia de género.

Según ha explicado el Ministerio, el proyecto del Real Decreto introduce un nuevo artículo en el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita para regular los requisitos específicos que los profesionales --tanto de la abogacía como de la procura-- inscritos en el turno de oficio especializado en violencia de género deberán cumplir para garantizar una "relación de respeto y recíproca confianza entre el profesional y la persona beneficiaria de justicia gratuita".

A raíz de esta propuesta, no podrán prestar dicho servicio los profesionales que cuenten con antecedentes penales por hechos de naturaleza similar a los de las víctimas defendidas o representadas.

TAMBIÉN INCLUYE A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

Desde Justicia han indicado que esta exigencia se extiende --además de a las víctimas de violencia de género-- a la defensa y representación de víctimas de otros delitos, como son el terrorismo y la trata de seres humanos, así como a las víctimas menores de edad y las víctimas con discapacidad necesitadas de protección especial.

"Con este proyecto normativo, el Ministerio de Justicia reafirma su compromiso con las víctimas del delito en su proceso de recuperación, especialmente con las de violencia de género y otras víctimas vulnerables", ha señalado la ministra.

En este sentido, Llop ha insistido en que la garantía de un adecuado derecho de defensa y representación "redundará en una mejor atención y protección de las víctimas durante el proceso, reduciendo la victimización secundaria".

Además, ha subrayado que el componente de concienciación de los profesionales de la abogacía y la procura sobre la importancia de la "actuación profesional con perspectiva de género e infancia para, en última instancia, reforzar la confianza de la ciudadanía en el servicio público de justicia gratuita".