MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía de Madrid solicita dos años y once meses de prisión G. E. F. P., una empleada de un despacho de abogados a quien acusa de haber enviado un correo falso emitido por el director de la entidad que servía para fundamentar un acoso laboral "inventado" e "ideado" por ella misma.

El representante del Ministerio Público le imputa en su escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, los delitos de estafa procesal y coacciones. El juicio se celebrará el próximo martes en la Audiencia de Madrid.

La acusada, según la Fiscalía, comenzó a trabajar en abril de 2010 como traductora de escritos y asistencia personal en su condición de secretaria en la entidad KPMG Abogados S.L., miembro asociado de la entidad KPMG Internacional, una mercantil que desempeñaba funciones de asesoramiento legal, fiscal y financiero.

Durante su estancia en la empresa, "a sabiendas de su falsedad", remitió un escrito denuncia al departamento "línea ética" de la entidad KPGM Internacional con el fin de obligar a la entidad KPMG Abogados S.L. a abonar unas cantidades económicas por daños causados y que no se correspondían con las de un despido improcedente.

En concreto, puso en conocimiento de KPGM Internacional la existencia de una situación de acoso laboral y discriminación por causa de su orientación sexual que decía sufrir desde el año 2014.

AUSENCIA DE PROMOCIONES

Alegaba, entre cosas, que había sufrido durante el tiempo que estuvo trabajando en KPGM Abogados S.L. ausencia de promociones, de revisiones salariales bajas y escasas, de no asignación a puestos acordes a su perfil profesional, de no formación ni desarrollo profesional, de menosprecio personal y profesional, de discriminación y de constante maltrato.

Como consecuencia del acoso denunciado alegó que había sufrido problemas médicos, como ansiedad y depresión, "a sabiendas de la falsedad de dicho acoso y a sabiendas de que dicha denuncia surtiría efecto en la mercantil referida para evitar un perjuicio negativo en la reputación de la entidad KPMG".

Pese a ello, el 11 de julio de 2016 elaboró un correo falso con fecha 11 de julio de 2016, cuyo emisor era el director de KPMG Abogados S.L., remitido a los miembros de recursos humanos de dicha entidad, "y que servía para fundamentar el acoso laboral inventado e ideado por la misma".

El contenido del correo era "Ahora que nos hemos follado a MJA vamos a por su amiguita la tortillera pero que se vaya ella. Hablamos". La acusada, según la Fiscalía, con dicha actuación quería forzar a la entidad KPMG Abogados S.L. a llegar a un acuerdo económico de mayores cuantías "con el objetivo de silenciar y evitar que ese trato discriminatorio y ficticio creado por la propia acusada, trascendiera a los medios y a las redes sociales, con el consiguiente perjuicio que ellos supondría para la reputación de dicha mercantil a sabiendas la acusada que toda la trama no se correspondía con la realidad".

Como consecuencia de ello, se inició una investigación interna en el seno de la entidad que concluyó en un informe, de fecha 18 de junio de 2018, donde se aseguraba que el director de KPGM Abogados S. L. nunca envió a los miembros de recursos humanos dicho correo electrónico y que, además, carecían de fundamento las acusaciones de ausencia de promociones, de revisiones salariales bajas y escasas, de no asignación a puestos acordes a su perfil profesional, de no formación ni desarrollo profesional, de menosprecio personal y profesional, ni discriminación y constante maltrato.

También se pudo comprobar gracias a un perito informático contratado por la empresa que la acusada había enviado el referido correo electrónico desde el correo corporativo de la acusada al correo personal de la propia acusada en Gmail.

El 19 de junio de 2018, la entidad rescindió la relación laboral con la acusada como consecuencia de estos hechos e interpuso una querella contra la acusada.

A su vez, el 23 de julio de 2018 G. E. F. P. interpuso una demanda contra la entidad KPGM Abogados S.L. por despido nulo e improcedente, reclamando entre otros una indemnización por importe de 30.000 euros.

La causa se tramitó ante el Juzgado de lo social número 20 de Madrid, "basando su demanda de despido en el acoso y discriminación sufridos durante años, aportando asimismo dicho correo electrónico creado por la propia acusada y a sabiendas de la falsedad del mismo, con la única finalidad de inducir a error al juez de lo social, en la resolución de su demanda interpuesta ante dicho órgano, no habiendo llegado a obtener resolución favorable".