Ha reclamado amparo al Constitucional por tener que esperar más de tres años para un juicio laboral

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El abogado que solicitó amparo al Tribunal Constitucional (TC) por tener que esperar más de tres años para que se celebrara un juicio laboral de un cliente suyo ha pedido ahora al Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla (ICAS), al que pertenece, que le reduzca la cuota que paga al considerar que no ha defendido adecuadamente sus "intereses profesionales" porque no le ha respaldado en este asunto, pese a que se lo ha pedido expresamente.

Daniel Sánchez Bernal envió el pasado 29 de diciembre un escrito al ICAS donde pedía que "reconozca y apoye" que los "señalamientos tardíos" resultan "intolerables". "No puede quedarse de brazos cruzados ante este panorama desalentador", dijo.

Desde entonces, según ha plasmado en un nuevo escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, no ha obtenido respuesta, por lo que entiende que el ICAS "ha incumplido una de sus finalidades esenciales como es la defensa de los derechos e intereses profesionales de los colegiados": "Al menos en lo que a mí respecta".

En consecuencia, ha solicitado que se le reduzca la cuota que paga por estar colegiado, debido a la "sensación de desamparo" que le ha generado el silencio del ICAS.

"Entiendo que esta institución debe apoyarme ante lo que, reitero, considero que es de Justicia: no podemos permitir que se señalen juicios y vistas para 2024, 2025 o 2026. Una Justicia tardía no es Justicia", ha incidido.

Por contra, ha destacado que sí ha recibido el respaldo de los sindicatos de abogados VENIA y de funcionarios de la administración de justicia SPJ-USO, así como de un nuevo partido (Despertar Social).

EN MANOS DEL TC

La batalla legal del abogado sevillano comenzó el 21 de diciembre, cuando presentó un recurso de amparo ante el TC alegando que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva por fijar la fecha de un juicio para 2024.

Los hechos se remontan al 24 de junio, cuando el letrado presentó una demanda laboral ante el Juzgado de lo Social Número 11 de Sevilla donde reclamaba a la universidad de la capital andaluza una indemnización por daños y perjuicios para su cliente por "incumplimiento de la formalización del contrato postdoctoral".

El juzgado admitió la demanda y, en un decreto de 13 de julio, indicó al abogado que el acto de conciliación y el juicio, en caso de que las partes no lleguen a acuerdo alguno, quedaban señalados para el 7 de noviembre de 2024.

El recurso llama la atención sobre el hecho de que esta fecha supone aguardar "más de tres años", lo que --esgrime-- vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en concreto a un proceso sin dilaciones indebidas.

Además, subraya que en el ámbito laboral esta tardanza supone un perjuicio especial porque suele conllevar que "muchos justiciables se resignen a acudir al auxilio judicial para defender sus legítimas pretensiones". "En muchos casos, se trata de trabajadores que no han percibida, siquiera, las indemnizaciones mínimas legales", resalta.

En el caso concreto de Sevilla, expone, "la situación se agrava por cuanto ya se están señalando juicios para 2026", lo que interpreta como "una auténtica aberración, una vulneración flagrante del derecho a la tutela judicial efectiva".