En un encuentro en el Ministerio de Justicia han advertido de que el cambio "rompería" el criterio de "unidad de defensa"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La Abogacía Española ha rechazado este lunes ante el Ministerio de Justicia cualquier posibilidad de que los graduados sociales puedan entrar a formar parte del sistema de Asistencia Jurídica Gratuita (AJG) al considerar que "no haría más que generar una enorme confusión y desigualdad en el sistema".

Los representantes de Consejo General de la Abogacía Española han mostrado su "contundente" rechazo en el marco de un encuentro en la sede del departamento ministerial junto con los órganos de representación de graduados sociales, según ha informado la Abogacía en un comunicado de prensa.

Así, han alegado que la participación de los graduados sociales en el turno laboral del sistema de AJG generaría "una suerte de doble turno aleatorio" y "rompería con el principio de unidad de defensa", ya que los letrados que a menudo atienden causas laborales "terminan por extender los casos de sus representados al ámbito civil o penal".

En este sentido, la Abogacía considera que la inclusión de estos profesionales "no haría más que complicar las cosas, pues no podrían extender su labor a otros ámbitos jurisdiccionales para los que carecen de capacitación y de conocimientos".

"PERJUICIOS PARA CLIENTES"

Han advertido de que la inclusión de los graduados sociales en el turno de la jurisdicción social "significaría que sus colegiados quedarían fuera del Código Deontológico por el que se rigen los miembros de la abogacía, a quienes la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial otorga, con carácter exclusivo y excluyente, la dirección y defensa de las partes en toda clase de procesos y la función de asesoramiento y consejos jurídicos".

Los representantes de la Abogacía han insistido en que, a su juicio, "parece evidente" que de la hipotética inclusión de estos profesionales en el servicio de AJG "solo se derivarían perjuicios para los clientes y una mayor complejidad del sistema".

Asimismo, han llamado la atención sobre la "inoportunidad y el sinsentido" que supondría pretender aprovechar la reforma de la ley de Acceso a la Abogacía y la Procura para desarrollar una normativa para el acceso a la profesión de Graduado Social al considerar que es "una profesión que no se encuentra entre las consideradas como jurídicas".

Subrayan que cualquier regulación para incorporar a los colegios de graduados sociales al sistema debe hacerse al margen del acceso a las profesiones jurídicas.