La Abogacía del Estado ha pedido penas de 5 años de cárcel para 14 personas por las irregularidades en los contratos suscritos entre 2006 y 2016 para la construcción de un mercado mayorista en Luanda (Angola) mediante el pago de mordidas a autoridades y funcionarios de aquel país y la apropiación de una parte de los fondos.

En su escrito de acusación fechado el pasado mes de diciembre, y al que ha tenido acceso Europa Press, la abogada del Estado señala a hasta ocho personas como autores de un delito continuado de malversación de caudales públicos y a otras seis como cooperadores necesarios del mismo.

Además, la Abogacía del Estado señala por su responsabilidad civil subsidiaria al consorcio formado por Mercasa con otras mercantiles por los daños causados al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La instrucción de esta causa concluyó a finales de noviembre de 2019, cuando el que fuera entonces titular del Juzgado Central número 5, José de la Mata, finalizó la investigación de esta pieza separada del denominado 'caso Mercasa'.

CONTRATOS MEDIANTE EL PAGO DE COMISIONES

Todo ello, recuerda la Abogacía en su escrito, por la obtención, modificación y mantenimiento de contratos públicos en Angola por parte de una serie las empresas españolas mediante el pago de comisiones a autoridades y funcionarios públicos.

"Estas sociedades (...) de forma individual y por acuerdo de sus administradores se concertaron para la consecución, mantenimiento, y modificación de contratos públicos en Angola, mediante el pago de comisiones a autoridades y funcionarios públicos de esos países", recuerda.

Así, y "para canalizar estos pagos o sobornos a las autoridades y funcionarios públicos extranjeros, los acusados concertaron acuerdos de consultoría y agencia con distintas personas físicas, a los que pagaban una comisión consistente en un porcentaje de la suma del contrato público conseguido".

Estas comisiones ilícitas, explica el escrito, eran pagadas conforme las empresas españolas iban percibiendo los importes delos contratos públicos del Gobierno de Angola.

Sin embargo, la Abogacía apunta que "no existe ningún documento acreditativo del trabajo realizado por los comisionistas salvo las facturas encontradas en las diligencias judiciales de entrada y registro acordadas, por importes coincidentes con los porcentajes pactados, por unos conceptos absolutamente inveraces".

"Esas comisiones eran abonadas en cuentas bancarias tituladas por sociedades instrumentales o pantalla controladas por los agentes o comisionistas que emplearon las empresas españolas investigadas en cada uno de los países donde obtuvieron contratos públicos", detalla.

Así las cosas, "estas dádivas eran detraídas de los montos de los contratos, simulando la existencia de contratos de representación y/o servicios inexistentes con comisionistas, intermediarios o con algunas de las mismas sociedades involucradas".

Con todo, "todos estos contratos eran meramente instrumentales y sin contenido real alguno". "Su única y exclusiva finalidad era dar cobertura jurídica al pago de comisiones destinadas tanto al propio intermediario, como a terceras entidades que proporcionaron el éxito de esta operación, que no eran sino autoridades y funcionarios públicos", concluye,