La sentencia del Juzgado de lo Penal número 3 de Santander condena a cuatro funcionarias del laboratorio de anatomía patológica del Hospital de Sierrallana de Torrelavega como autoras de delitos de coacciones hacia compañeros de trabajo. La magistrada titular del Juzgado impone a tres de las cuatro procesadas una pena de cinco años y tres meses de prisión y 14.400 euros de multa, considerándolas autoras de seis delitos de coacciones. A la cuarta acusada se le atribuyen cinco delitos de coacciones, y su pena es de tres años y medio de cárcel y la misma multa, 14.400 euros.

Además, las cuatro deberán indemnizar de manera conjunta y solidaria con 7.343 euros a uno de los coordinadores del servicio y a una técnico del servicio, como perjudicados. Las tres primeras deberán indemnizar además a otra de las coordinadoras del laboratorio en 6.281 euros por los daños sufridos.

La sentencia destaca que las cuatro mujeres formaron "un grupo ligado por una íntima amistad que funcionaba como grupo de presión y poder sobre el resto de personas que fueron trabajando en el laboratorio de anatomía patológica del hospital de Sierrallana". Señala que, para imponer su voluntad en la forma de realizar y organizar el trabajo, excluyeron y hostigaron a aquellos que no seguían sus directrices.

La actitud de las acusadas fue especialmente beligerante con los coordinadores del servicio, desoyendo sus directrices, ridiculizándolos y menospreciando su trabajo. El conflicto, que data de años atrás, llegó a las más altas instancias del hospital, pero no se adoptaron medidas efectivas para poner fin a la situación.

La jueza califica la conducta de las acusadas como delito de coacciones, ya que crearon "un grupo de poder, control y dominación" para imponer su forma de trabajo y facilitar la preferencia de contratación de las acusadas interinas. Su actuar, en conjunto, iba dirigido contra una persona cada vez, presionándola, menospreciándola y faltándole al respeto, buscando su salida del servicio o evitando que aceptara contratos que le pudieran interesar.

La sentencia considera que las coacciones son graves, dada su cantidad, diversidad y duración en el tiempo. Se impusieron penas en grado medio y se estableció una multa para aquellos delitos en los que la persona perjudicada no precisó tratamiento médico, y prisión para aquellos en los que los perjudicados tuvieron que someterse a tratamiento.