La estabilidad de las medidas económicas adoptadas por el Gobierno en las postrimerías de 2023 pende de un hilo, desafiada por la negativa de Junts a respaldar la convalidación de los decretos que contienen estas significativas reformas.

La sesión parlamentaria prevista para hoy miércoles se perfila como un escenario crucial, donde se dilucidará el destino de medidas de alto impacto económico, cuyas consecuencias podrían repercutir de manera severa en el bienestar de la ciudadanía. Las negociaciones entre los diferentes grupos políticos se intensifican, pues los actores involucrados reconocen la magnitud de las decisiones que se avecinan.

Decretos en el foco

El debate parlamentario se centra en tres reales decretos leyes, aprobados durante el pasado diciembre, cada uno abordando esferas críticas de la política económica del país. El primero contempla un amplio espectro de medidas diseñadas para combatir los efectos inflacionarios, mientras que el segundo se enfoca en reformar el subsidio de desempleo. El tercer decreto, de carácter ómnibus, abarca reformas pendientes comprometidas en el Plan de Recuperación.

El paquete antiinflación, que incluye medidas como la gratuidad del Cercanías y trenes de media distancia, la rebaja del 30 % en el transporte urbano e interurbano, la reducción del IVA de la luz y el gas al 10 % (en el primer trimestre), así como la subida de las pensiones contributivas en un 3,8 %, se encuentra ahora en una encrucijada. La eliminación de comisiones por retirada de efectivo para mayores de 65 años y la extensión de la prohibición de desahucios también forman parte de este paquete integral.

El segundo decreto se centra en reformar el subsidio de desempleo, ampliándolo a colectivos hasta ahora excluidos, como los menores de 45 años sin cargas familiares. Se establece un aumento de la cuantía, pasando de 480 a 570 euros en los primeros seis meses y a 540 euros en los subsiguientes, siendo compatibles con el trabajo durante los primeros 180 días.  

Además, se introduce la posibilidad de disfrutar de forma acumulada del permiso de lactancia y se establece la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales. El tercer decreto, denominado ómnibus, engloba reformas esenciales para acceder al cuarto tramo de los fondos europeos. Estas reformas abarcan áreas fundamentales como la justicia, el régimen local, el mecenazgo y, en el ámbito económico, el contenido de la ley de función pública, que había quedado en suspenso con la convocatoria electoral. 

Entre las medidas destacadas se encuentra la introducción de la evaluación del desempeño de los funcionarios.

en riesgo la continuidad de las medidas. Todas estas medidas se encuentran en vigor gracias a la publicación en el BOE de los reales decretos leyes correspondientes. Sin embargo, su continuidad depende de la convalidación por parte del Congreso de los Diputados. De no obtener este respaldo, los decretos y sus disposiciones asociadas perderán validez, con implicaciones inmediatas en la vida cotidiana de los ciudadanos. 

En el caso de que los decretos decaigan, el transporte público dejaría de contar con subvenciones, la gratuidad del Cercanías sería revertida, el IVA de la luz y el gas volvería al 21 %, y las pensiones no experimentarían la esperada subida. Además, los bancos podrían volver a imponer comisiones por retirada de efectivo en ventanilla, afectando especialmente a los mayores. La eliminación de las restricciones de desahucios y la prolongación del impuesto sobre las grandes fortunas también se verían comprometidas.

El costo estimado del paquete antiinflación se sitúa en 5.350 millones de euros, según fuentes gubernamentales. Aunque la retirada de estas medidas podría suponer un alivio para las cuentas públicas, se perderían ingresos derivados de los gravámenes sobre banca y energéticas, así como del impuesto sobre las grandes fortunas.