El informe emitido por los letrados del Senado es amplio y detallado en su denuncia de la inconstitucionalidad de la reciente ley de amnistía aprobada en el Congreso. En él, se presenta un análisis exhaustivo de los aspectos legales, constitucionales y prácticos de la normativa, destacando múltiples razones por las cuales se considera que esta ley no se ajusta al marco legal y constitucional español.

Una de las principales argumentaciones del informe es que la ley de amnistía constituye, en sí misma, una "reforma encubierta de la Constitución". Esto se fundamenta en el hecho de que la amnistía pretende regular una figura que fue expresamente excluida de la Constitución durante su redacción. Los letrados sostienen que esto va en contra del espíritu y la intención de los padres de la Constitución, quienes no incluyeron la amnistía en el texto constitucional de manera deliberada.

Además, se argumenta que la potestad legislativa del Parlamento no es ilimitada y está sujeta a los principios y disposiciones establecidos en la Constitución. Por lo tanto, el hecho de que se intente legislar sobre aspectos no contemplados en la Carta Magna constituye una vulneración de la normativa constitucional.

En cuanto al proceso de tramitación de la ley, los letrados del Senado consideran que este ha sido irregular y constituye un "fraude constitucional". Se argumenta que la propuesta de amnistía debería haber sido objeto de una reforma constitucional previa para estar en consonancia con el marco legal vigente.

Otro aspecto destacado en el informe es la inclusión de delitos de terrorismo y malversación en la ley de amnistía. Se argumenta que esto va en contra de la normativa europea y española vigente, y que puede tener implicaciones legales y prácticas significativas.

Además, se señalan posibles vulneraciones de principios fundamentales del ordenamiento jurídico español, como el principio de legalidad en materia penal y la falta de concreción en la definición de ciertos delitos incluidos en la ley de amnistía.