En su firme determinación de esclarecer los entresijos de la negociación entre los partidos socialistas y Junts en Suiza, el Partido Popular (PP) avanza con la creación de una comisión de investigación en el Senado, tal como anunció Alberto Núñez Feijóo el pasado martes. Este proceso será liderado por la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, quien afirmó el miércoles que el verificador será un aspecto crucial, aunque no el único.

Gamarra subrayó la importancia de que al menos una de las cámaras legislativas examine los "acuerdos de gobernabilidad" con los independentistas. El Reglamento del Senado, que faculta la apertura de comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público, se erige como una herramienta clave para el PP, respaldado por su mayoría absoluta en la Cámara Alta.

Sin embargo, los populares se enfrentan a un obstáculo insuperable para obtener la versión del verificador salvadoreño, Francisco Galindo, ya que, según la normativa, solo aquellos residentes en España están obligados a comparecer ante el Parlamento. Este impedimento encuentra respaldo en el artículo 76.2 de la Constitución, que establece la obligación de comparecer a requerimiento de las Cámaras, limitando esta obligación a ciudadanos españoles y extranjeros residentes en el país, como detalla una ley orgánica de 1984.

El PSOE y Junts han contratado a Galindo como verificador, pero su presencia en el Senado queda a su discreción, sin riesgo de sanciones legales. Aunque su trabajo se basa en la confidencialidad y los socialistas no tienen interés en que hable, la aceptación de la invitación por parte de los populares parece improbable.

En contraste, el secretario de Organización del PSOE, quien encabezó la comitiva socialista en Ginebra, y el ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, serán convocados por el PP. La legislación penaliza a aquellos que no acuden a la convocatoria de las Cortes Generales o un parlamento autonómico, pero solo si residen en España. Quienes comparecen tienen la obligación de decir la verdad, bajo pena de prisión o multa, aunque hasta la fecha no se ha registrado ningún castigo por mentir en sede parlamentaria.

La estrategia común es acudir y ampararse en el derecho de no declarar, una táctica empleada con frecuencia. En el pasado, durante la breve ventana en que el PP mantuvo su mayoría absoluta en el Senado, crearon comisiones de investigación sobre la tesis doctoral del presidente y los EREs, aunque las conclusiones no tienen efecto vinculante ni afectan las decisiones judiciales. A pesar de ello, el resultado puede ser comunicado al Ministerio Fiscal para emprender acciones pertinentes según el Reglamento.