La decisión de Sánchez-Conde, quien fue colocada en su puesto por la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, ha causado un revuelo significativo en el ámbito judicial y político. Según fuentes fiscales, su posición se alinea con la del fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, y del fiscal del Supremo, Álvaro Redondo, quienes también han argumentado que no existen suficientes indicios para proceder con la investigación.

Sin embargo, esta postura choca frontalmente con la opinión expresada previamente por la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo, la cual no solo identificó indicios de delito de terrorismo en la actuación de Puigdemont, sino que además lo señaló como líder de los disturbios en Cataluña en los años 2017 y 2019.

La divergencia entre los fiscales del Supremo ha sido evidente. Mientras algunos respaldaban la investigación por terrorismo, otros consideraban que no había pruebas suficientes para proceder en ese sentido. Esta discrepancia llevó a la fiscal-jefe Sánchez-Conde a tomar una decisión unificando el criterio de la Fiscalía en este asunto.

Para elaborar su informe final, Sánchez-Conde solicitó a los fiscales del Supremo que estaban a favor de investigar a Puigdemont por terrorismo que le proporcionaran un documento con sus conclusiones. Uno de los fiscales, Fidel Cadena, defendió la necesidad de imputar al expresidente catalán, argumentando que la exposición razonada del juez lo señala como líder absoluto del 'Tsunami Democrátic'.

Ahora, el informe será elevado a la Sala de lo Penal del Supremo, donde se evaluará si procede dar curso a la exposición razonada que solicitó el Juzgado Central de Instrucción Número 6. La postura de Sánchez-Conde y su decisión de oponerse a investigar a Puigdemont por terrorismo han desencadenado un nuevo capítulo en este caso, que continuará generando debate y atención tanto en el ámbito judicial como político.