El consejero de Vivienda de Cantabria, Roberto Media del Partido Popular (PP), ha reiterado con contundencia la postura de la región respecto a las «zonas tensionadas» propuestas por el Gobierno central para regular el mercado de alquiler. En una declaración ante los medios antes de un foro medioambiental, Media ha enfatizado que Cantabria no implementará estas zonas y ha criticado las políticas del Ejecutivo central en materia de vivienda.

Desde hace meses, Media ha expresado su oposición a las medidas propuestas por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que incluyen la creación de zonas tensionadas para establecer límites en los precios del alquiler en áreas con alta demanda y escasa oferta de viviendas. «Ya lo hemos dicho hace muchos meses, en Cantabria no se implantarán las zonas tensionadas», ha afirmado Media, recordando que las políticas de vivienda son competencia exclusiva de las comunidades autónomas.

En este sentido, ha dejado claro que la región no seguirá las directrices del Gobierno central en este aspecto. El consejero ha comparado estas medidas con políticas propias de regímenes totalitarios, afirmando que «Cantabria no va a ser Cuba» y rechazando cualquier intento de imponer restricciones en el mercado de alquiler que afecten a la propiedad privada. Además, ha señalado informes que muestran una reducción significativa en la oferta de viviendas en alquiler en otras regiones, como Cataluña, debido a medidas similares, advirtiendo sobre los posibles efectos negativos de estas políticas en el acceso a la vivienda.

En contraste con las propuestas del Gobierno central, Media ha destacado la importancia de políticas de vivienda que fomenten la construcción de viviendas sociales y proporcionen seguridad jurídica tanto a propietarios como a inquilinos. Ha mencionado los planes del Gobierno cántabro de construir 300 viviendas de alquiler social como una medida concreta para abordar la demanda de vivienda asequible en la región. El consejero ha enfatizado que es necesario encontrar un equilibrio entre la regulación del mercado de alquiler y la protección de los derechos de los propietarios, evitando medidas que puedan desincentivar la inversión en el sector inmobiliario y reducir aún más la oferta de viviendas disponibles. En este sentido, ha abogado por políticas que permitan a los propietarios recuperar sus propiedades en casos de impago de alquiler o ocupación ilegal, garantizando así un marco legal claro y estable para todas las partes involucradas en el mercado de alquiler.

Para Media, estas medidas son fundamentales para garantizar un acceso equitativo a la vivienda y promover un mercado de alquiler dinámico y sostenible. En contraposición, ha calificado las propuestas del Gobierno central como «cuento, humo y artificio», instando a centrarse en soluciones reales y efectivas para los desafíos del sector de la vivienda en Cantabria. La posición de Cantabria respecto a las «zonas tensionadas» para el control del precio del alquiler es parte de un debate nacional sobre cómo abordar el problema de la vivienda en España. El Gobierno central ha propuesto estas zonas como una medida para proteger a los inquilinos de los precios desorbitados en áreas con alta demanda y escasa oferta de viviendas disponibles. Sin embargo, esta propuesta ha generado controversia en varias comunidades autónomas, incluida Cantabria, donde las autoridades regionales han rechazado la idea de implementar estas zonas tensionadas. Según Media, esta medida podría tener efectos negativos en el mercado de alquiler, desincentivando la inversión y reduciendo la disponibilidad de viviendas para alquilar. El debate sobre las políticas de vivienda en España no es nuevo y refleja la complejidad de un problema que afecta a millones de personas en todo el país.

La falta de vivienda asequible y el aumento de los precios del alquiler han provocado una crisis habitacional en muchas ciudades españolas, donde encontrar un alojamiento asequible se ha vuelto cada vez más difícil para muchas familias y jóvenes. En este contexto, las medidas propuestas por el Gobierno central, como las zonas tensionadas, buscan abordar estos desafíos y proteger a los inquilinos de los precios abusivos en el mercado de alquiler. Sin embargo, su implementación ha generado críticas y divisiones en el ámbito político y social, especialmente en comunidades autónomas gobernadas por partidos de oposición al Gobierno central. Desde la perspectiva de Media y del Gobierno de Cantabria, la solución al problema de la vivienda pasa por políticas que fomenten la construcción de viviendas sociales y proporcionen seguridad jurídica tanto a propietarios como a inquilinos. La construcción de nuevas viviendas de alquiler social y la garantía de un marco legal claro y estable son consideradas como medidas efectivas para abordar la demanda de vivienda asequible en la región.