La mayoría de los vocales del Consejo Fiscal, el principal órgano del Ministerio Público, ha generado un documento de análisis en respuesta a la tercera negativa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de redactar un dictamen sobre la controversial Ley de Amnistía.

Este informe, elaborado por seis de los miembros del Consejo, todos ellos pertenecientes a la Asociación de Fiscales (AF), busca abordar las preocupaciones respecto a la solicitud del Senado para que el Ministerio Público emita un análisis sobre la constitucionalidad de dicha ley.

La Asociación de Fiscales, en un comunicado, ha expresado su inquietud ante lo que consideran una falta de atención a una solicitud de relevancia institucional, proveniente de un órgano constitucional como el Senado.

"Nos encontramos perplejos y en desacuerdo ante el hecho de que una petición de esta naturaleza y trascendencia, originada por un órgano constitucional, no haya sido respondida ni llevada a la consideración del Consejo Fiscal durante un período de semanas", expresan los vocales firmantes en su comunicado.

La AF destaca que, tras la falta de respuesta por parte del fiscal general a las solicitudes reiteradas del Senado, se procedió a la elaboración del informe por parte de los vocales, quienes consideran vital abordar esta cuestión en el próximo Pleno ordinario del Consejo, programado para el 25 de abril.

En el texto elaborado por la AF, al que tuvo acceso en primicia El Debate, se argumenta que la Ley de Amnistía supone una ruptura del principio de separación de poderes, así como un incumplimiento de los principios de seguridad jurídica y de interdicción.

Además, se señala que la falta de exigencia de una sanción efectiva para el delito de malversación, en el contexto de la amnistía propuesta para los políticos involucrados en el procés, podría contravenir el Derecho de la Unión Europea, según el documento.

El informe también destaca que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional no puede considerarse como precedente para afirmar la constitucionalidad de la amnistía, y argumenta que esta medida implicaría una injerencia ilegítima del Poder Legislativo en las atribuciones exclusivas del Poder Judicial, violando así la Constitución Española.

En última instancia, la AF enfatiza que, en un Estado democrático y de Derecho, no puede haber conductas amnistiables y que la pasividad del fiscal general ante esta cuestión representa un desafío a los principios fundamentales de la democracia y el Estado de Derecho.

Este informe crítico sobre la Ley de Amnistía plantea importantes interrogantes sobre la independencia del Ministerio Público y su papel en el equilibrio de poderes en el sistema judicial español.