El Tribunal Constitucional (TC) celebrará desde el martes un nuevo Pleno donde estudiará la petición de los condenados por los ERE de suspender cautelarmente su ingreso en prisión, una solicitud que también había hecho en un principio el ex presidente andaluz José Antonio Griñán -sentenciado a 6 años de cárcel por prevaricación y malversación- pero de la que ha desistido.

Griñán ha dado este paso después de que la Audiencia de Sevilla acordara el pasado junio suspender su ingreso en prisión durante cinco años al considerar que el tratamiento contra el cáncer de próstata que padece era incompatible con su estancia en un centro penitenciario.

Días antes, el Constitucional rechazó las medidas cautelarísimas planteadas por Griñán y los demás condenados que han pedido amparo a la corte de garantías, al tiempo que admitió a trámite sus impugnaciones.

Las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press señalan que el Pleno aprobará el desistimiento de Griñán y hará suyas las ponencias redactadas por la magistrada progresista Inmaculada Montalbán, que proponen no conceder las medidas cautelares que sí mantienen otros recurrentes.

Cabe recordar que la corte de garantías no suele frenar el ingreso en prisión cuando la pena supera los cinco años de privación de libertad por tratarse de condenas "graves".

Una vez resuelto este trámite, los recursos de amparo --el de Griñán incluido-- seguirán su recorrido en el TC, al que ya solo le quedará resolver sobre el fondo del asunto.

Además de Griñán, impugnaron el también ex presidente andaluz Manuel Chaves, que fue condenado a 9 años de inhabilitación por prevaricación; así como la ex ministra socialista Magdalena Álvarez, Miguel Ángel Serrano, Juan Márquez, Antonio Fernández, Francisco Vallejo, Jesús María Rodríguez, Carmen Martínez, Gaspar Zarrias, Antonio Vicente Lozano y José Antonio Vera.

LA LEY DE VIVIENDA

Por otro lado, el Constitucional decidirá sobre la admisión de los recursos del PP, Madrid, Andalucía, Cataluña e Islas Baleares contra distintos artículos de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.

Asimismo, se pronunciará sobre el recurso del Gobierno contra la ley autonómica de creación de la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad.

Los magistrados también abordarán las impugnaciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez al decreto que modifica la ley murciana para la recuperación y protección del Mar Menor, y al decreto por el que se establecen medidas urgentes para la regulación del aprovechamiento de los recursos minerales de litio en Extremadura.