El Tribunal Supremo ha tomado medidas respecto a la causa de Tsunami Democràtic, dando traslado a la Fiscalía para que se pronuncie sobre la posible asunción de la investigación por un delito de terrorismo. Entre los implicados se encuentran el expresidente de la Generalitat y eurodiputado Carles Puigdemont, así como la dirigente de ERC Marta Rovira y otras diez personas.

La Sala de lo Penal emitió una providencia, en la que se solicita al Ministerio Fiscal que evalúe la competencia y el contenido de la exposición razonada presentada por el juez Manuel García Castellón, titular del juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Además, se designa al magistrado Juan Ramón Berdugo como ponente, quien deberá proponer a la Sala si se debe admitir la investigación.

Cabe destacar que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya había impugnado la decisión del juez de dirigir la investigación por terrorismo contra Puigdemont y los demás involucrados. La exposición razonada fue elevada al Supremo hace dos meses, el 21 de noviembre de 2023, pero la acción del Tribunal Supremo de dar traslado al ministerio público se ha producido en este momento.

La semana pasada, el juez García-Castellón rechazó un recurso presentado por la Fiscalía, reafirmando la postura de que el Supremo debe encargarse de la investigación por terrorismo. El magistrado argumentó que las últimas diligencias realizadas en la investigación respaldan la tesis inicial de que los hechos podrían constituir delitos de terrorismo.

Particularmente, se ha enfocado en la documentación relacionada con la muerte de un turista francés por paro cardíaco el 14 de octubre de 2019 en el aeropuerto de El Prat, donde se llevaron a cabo algunos de los disturbios bajo investigación. El juez subrayó la gravedad de los delitos, la afectación a los intereses generales, las estructuras económicas esenciales del Estado y los daños causados durante las protestas.

Este escrito generó críticas por parte del Gobierno, con dos ministros, Teresa Ribera y Óscar Puente, cuestionando la presunta implicación política de las decisiones del magistrado. Sin embargo, desde Moncloa se rectificó posteriormente, reconociendo la independencia judicial y la separación de poderes.