El exministro de Sanidad y actual líder del PSC, Salvador Illa, se encuentra en el centro de la polémica después de que se revelara que durante los primeros compases de la pandemia adjudicó un contrato de 38 millones de euros para la compra de pruebas de detección del coronavirus a una empresa llamada Hans Biomed, según una investigación exhaustiva de El Debate. Lo más sorprendente es que esta empresa recibió un chivatazo por parte del Ministerio de Sanidad sobre el modelo específico de pruebas que se necesitaban adquirir, lo que le permitió obtener un contrato multimillonario y aumentar significativamente sus ingresos.

Inicialmente, el Ministerio de Sanidad había optado por adquirir pruebas que detectaban pequeñas partes del virus en las fosas nasales, pero al llegar el material a España, se descubrió que era defectuoso, con una sensibilidad del 30 % y sin la licencia adecuada para su comercialización. En medio de esta situación caótica, un empresario del sector sanitario recomendó por escrito a la dirección de dos hospitales públicos de Madrid la utilización de pruebas del fabricante chino «Guangzhou Wondfo Biotech».

Dos semanas después de recibir esta propuesta, Illa firmó un contrato con Hans Biomed por valor de 38 millones de euros para adquirir 5,5 millones de pruebas de este fabricante. Esta decisión fue crucial, ya que las pruebas se centraron en la detección de anticuerpos, complementando así las pruebas PCR, mucho más lentas.

Además, según sigue informando El Debate en su investigación, el mismo día que se firmó el contrato, Patricia Lacruz, directora general de Cartera Común y alto cargo de Illa, redactó un escrito autorizando a Hans Biomed como «proveedor oficial del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España», lo que le otorgó una posición privilegiada en el mercado internacional para la compra de material sanitario.

Resulta llamativo que Hans Biomed, una empresa cuya actividad principal antes de la pandemia era la medicina estética, recibiera este contrato millonario y una autorización oficial del Gobierno para ser proveedor del Ministerio de Sanidad. Aunque el contrato cuenta con una cláusula de confidencialidad que impide conocer quién proporcionó el chivatazo sobre el modelo exacto de las pruebas necesarias, la empresa experimentó un incremento significativo en sus ingresos tras la firma del contrato con Illa.

La situación ha generado críticas y sospechas sobre los procesos de contratación durante la emergencia sanitaria, especialmente después de que Alfonso Jiménez Palacios, exdirector del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, declarara que las empresas adjudicatarias eran seleccionadas tras recibir una "orden ministerial comunicada del ministro", es decir, de Illa. Además, reveló la existencia de asesores externos que influían en la elección de las empresas contratadas, lo que ha generado interrogantes sobre la transparencia y la legalidad de estos procesos de contratación.