Siete presidentes autonómicos del Partido Popular han confirmado su presencia en la próxima Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado. Esta reunión, programada para el próximo lunes, tiene como objetivo analizar el informe de la ponencia de la proposición de ley de amnistía del PSOE y su posible impacto en el Estado de las autonomías. Entre los líderes autonómicos que asistirán se encuentran Isabel Díaz Ayuso de Madrid, Carlos Mazón de Valencia, María Guardiola de Extremadura, Fernando López Miras de Murcia, Jorge Azón de Aragón, Alfonso Fernández Mañueco de Castilla y León, y Juan José Imbroda de Melilla.

Según fuentes parlamentarias citadas por The Objective, es posible que no haya réplica por parte de ningún miembro del Gobierno de Sánchez en esta reunión, ya que hasta el momento no se ha confirmado la asistencia de ningún ministro.

Esta cita marca la segunda vez que el Senado convoca a los presidentes autonómicos para discutir la propuesta de ley de amnistía, la cual ya ha sido aprobada por el Congreso de los Diputados. En una convocatoria previa el 19 de octubre de 2023, antes de la investidura de Pedro Sánchez, el PP reunió a los presidentes autonómicos para recoger sus opiniones sobre esta posibilidad, que ahora se ha materializado. Los populares, con mayoría absoluta en la Cámara Alta, han centrado su oposición a la amnistía en el Senado, dado el trámite urgente impuesto en el Congreso que impide las comparecencias.

El presidente de Andalucía ha excusado su asistencia, mientras que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, ha confirmado su presencia con declaraciones recogidas por Europa Press, afirmando que "trolear al PP siempre apetece". Aragonès ha descrito la comisión como "un aquelarre contra el Gobierno español", agregando que es una estrategia recurrente del PP que él considera infructuosa.

Tras las comparecencias, se votará la propuesta del Grupo Parlamentario Popular del informe de la ponencia de la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado. Los populares rechazan la Ley de Amnistía, argumentando que pone en peligro el Estado autonómico y representa un atentado contra el principio de seguridad jurídica, según un documento al que ha tenido acceso The Objective.