VIVIENDA
La polémica medida de expropiación que propone el Gobierno
En medio de un debate candente sobre el acceso a la vivienda y la especulación inmobiliaria, una propuesta radical ha sacudido los cimientos del sector: la expropiación de propiedades desocupadas por más de tres meses. Esta medida, planteada como una solución para enfrentar la crisis habitacional y frenar la escalada de precios en el mercado inmobiliario, ha generado un intenso enfrentamiento entre defensores de los derechos de los propietarios y partidarios de una mayor intervención estatal en la regulación del mercado.
La propuesta, que ha sido impulsada por sectores progresistas y partidos de izquierda, plantea que si un propietario mantiene una vivienda desocupada durante un periodo de tres meses o más, el Estado estaría facultado para expropiarla y destinarla a fines sociales, como el alquiler social o la vivienda asequible para sectores vulnerables.
Por un lado, los defensores de esta medida argumentan que es una forma efectiva de combatir la especulación inmobiliaria y garantizar el acceso a la vivienda para aquellos que lo necesitan. Según datos proporcionados por organizaciones sociales, en muchas ciudades del país existe un número significativo de viviendas desocupadas que podrían ser utilizadas para albergar a familias en situación de vulnerabilidad.
Sin embargo, los críticos de la propuesta advierten sobre los peligros de una intervención estatal excesiva en la propiedad privada. Argumentan que la expropiación por vacancia podría desincentivar la inversión en el sector inmobiliario, generando un efecto negativo en la economía y limitando la libertad de los propietarios para disponer de sus bienes según consideren oportuno. Además, señalan que esta medida podría tener un impacto desproporcionado en propietarios que, por diversas razones, mantienen sus viviendas desocupadas temporalmente, como por ejemplo durante períodos de renovación o traslado.
El debate sobre la expropiación por vacancia de viviendas está lejos de llegar a su fin. Mientras algunos la ven como una herramienta necesaria para promover la justicia social y garantizar el derecho a la vivienda, otros la consideran una intervención injustificada en la propiedad privada. En un contexto marcado por la creciente desigualdad y la crisis habitacional, el desafío para las autoridades será encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos de los propietarios y la promoción del acceso equitativo a la vivienda para todos los ciudadanos.
