En una decisión que resalta la gravedad y la complejidad internacional del caso, el juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, ha tomado las riendas de la investigación sobre el reciente ataque a Alejo Vidal-Quadras, ex presidente del Partido Popular (PP) en Cataluña y fundador del partido Vox. Este movimiento judicial es significativo, ya que el caso se está tratando como un potencial acto de terrorismo, dada la sospecha de que el atentado pudiera estar vinculado a una organización relacionada con el régimen iraní.

El juez De Jorge, actuando con el respaldo de la Fiscalía y en sustitución del titular del Juzgado Central de Instrucción 5, Santiago Pedraz, quien se encuentra actualmente de baja por paternidad, ha dado un giro trascendental al caso. Este desarrollo subraya la magnitud del incidente ocurrido el pasado 9 de noviembre, cuando Vidal-Quadras, de 78 años, fue tiroteado en las proximidades de su domicilio en la calle Núñez de Balboa, en Madrid. Afortunadamente, el veterano político sobrevivió al ataque y se encuentra recuperándose en un hospital local.

En un contexto de tensión y misterio, la investigación, a cargo del grupo de Homicidios, ha descartado inicialmente un móvil ideológico, sugiriendo la posibilidad de un crimen por encargo realizado por un profesional, quien logró escapar en una moto, su identidad oculta tras un casco negro. No obstante, la trama se complica con la implicación de actores internacionales.

Vidal-Quadras ha indicado a la Policía que sospecha de la participación del régimen iraní en el ataque, a raíz de sus conocidos lazos con la oposición iraní. Esta afirmación ha encontrado eco en el Consejo Nacional de la Resistencia de Irán (CNRI), una organización con una larga historia de colaboración con Vidal-Quadras y que financió la campaña de Vox en 2014. El CNRI ha condenado vehementemente el atentado, clasificándolo como un acto de terrorismo y recordando la conocida hostilidad del régimen de Teherán hacia Vidal-Quadras.

Mientras tanto, el CNRI también ha rechazado las acusaciones de los servicios de inteligencia iraníes, que intentan vincular a la organización con el atentado. En un comunicado emitido desde su sede en el exilio, inicialmente ubicada en París y ahora en Albania, el CNRI ha calificado estas alegaciones de "absurdas", negando cualquier plan para trasladar su sede a España o para implicar a las autoridades iraníes en un complot para eliminar a Vidal-Quadras.

Este intrincado caso, que combina la política nacional española con la geopolítica internacional, ha llevado a la Audiencia Nacional a abordar la investigación con la máxima seriedad. Con la inclusión de Vidal-Quadras en la "lista negra" del Ministerio de Exteriores de Irán y el reconocimiento del ataque como un acto potencialmente terrorista, la investigación promete ser una de las más desafiantes y reveladoras en el panorama político y judicial de España.