En una decisión adoptada este martes por la Junta de Fiscales, se considera idónea la acusación por terrorismo contra Carles Puigdemont. A pesar de la aparente gravedad de la situación, fuentes del Gobierno han expresado su tranquilidad, afirmando que la resolución "no ha sorprendido a nadie".

El Ejecutivo, a través de sus voceros, ha destacado la confianza en el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, quien posee la autoridad para corregir la decisión adoptada por la Junta de Fiscales. Según las fuentes gubernamentales, esta corrección se basaría en la opinión "vinculante" de García Ortiz, la cual debe ser acatada por los demás miembros de la carrera Fiscal, considerada un "órgano jerárquico".

En este contexto, las fuentes oficiales del Gobierno han subrayado la importancia de la decisión final que recae en García Ortiz, en contraste con la naturaleza "no vinculante" de la Junta de Fiscales, descrita como un "órgano consultivo". La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha reiterado la necesidad de respetar los estatutos orgánicos del Ministerio Fiscal, que establecen que la decisión definitiva debe ser tomada por los órganos que determine dicha normativa. Alegría ha declarado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: "Nuestro respeto a los criterios jurídicos expuestos, al igual que mostraremos respeto con la decisión final que adopte el ministerio fiscal y los tribunales de nuestro país".

Además, la ministra ha sugerido su respaldo al fiscal ponente, quien, después de una entrevista con García Ortiz, modificó su criterio a favor de la imputación de Puigdemont por terrorismo. Alegría expresó: "Le puedo decir que las noticias que tenemos es que la Junta de fiscales ha analizado ponencia del fiscal encargado del caso, que entiende que no concurre terrorismo en la causa del Tsunami Democràtic. Como es lógico y normal, se ha producido un debate jurídico fiscales. Todo el respeto a ese debate".

Por otro lado, en los pasillos del Senado, el ministro de Justicia, Presidencia y relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, reiteró la normalidad de la situación: "Lo que ha pasado en la Junta de Fiscales es normalidad institucionalidad y normalidad absoluta. Ha habido un debate jurídico y el Gobierno lo que vamos a hacer es respetar cualquier decisión que tomen los fiscales y los tribunales, Estado de Derecho, normalidad democrática y normalidad institucional".