el Gobierno balear, durante la administración de la socialista Francina Armengol, se encuentra bajo escrutinio tras la divulgación de que ocultó información crítica sobre la calidad de las mascarillas adquiridas en el marco de la trama vinculada a Koldo García, intentando beneficiarse de fondos europeos. Documentos exclusivos obtenidos por EL MUNDO revelan que, pese a saber que el material era defectuoso, el Ejecutivo declaró falsamente que "el contrato cubría la totalidad de lo solicitado" por el servicio público de Salud.

La investigación sobre este asunto indica que las mascarillas no solo eran defectuosas sino clasificadas como "ultrafake", tras exceder en ocho veces el límite legal de filtración permitida. Esto pone en entredicho la gestión y transparencia del Govern balear en la utilización de recursos críticos durante los momentos más duros de la pandemia.

En abril de 2020, el Govern balear optó por adquirir 1,4 millones de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, investigada por generar más de 52 millones de euros en comisiones ilegales de administraciones controladas por el PSOE. La compra se realizó sin un expediente de contratación formal, basándose únicamente en conversaciones "verbales" y una comunicación por correo electrónico anunciando la llegada de un avión cargado de mascarillas chinas a Palma.

La situación se complica aún más al revelarse que, a pesar de recibir un informe del Centro Nacional de Medios de Protección que invalidaba el uso de las mascarillas por no cumplir con los estándares requeridos, el Gobierno de Armengol procedió a cargar el gasto de 3,7 millones de euros a la Unión Europea. Este acto se realizó sin mencionar las deficiencias del producto en los informes a la Unidad de Control encargada de la vigilancia de los fondos comunitarios.

Este escándalo, que ahora sale a la luz, plantea serias preguntas sobre la integridad y responsabilidad de los funcionarios involucrados y el manejo de fondos destinados a la lucha contra la COVID-19. A pesar de las evidencias, el material defectuoso nunca fue distribuido y permanece almacenado, caducado en su mayoría, en una nave en Marratxí, esperando una resolución y posibles acciones legales.

Este caso añade una capa de complejidad a los desafíos ya enfrentados por el PSOE a nivel nacional, especialmente en el contexto del caso Koldo, y pone en entredicho las decisiones tomadas en momentos críticos de la pandemia, así como el uso de fondos europeos bajo premisas engañosas.

La Fiscalía Europea se adentra en los contratos de Armengol con la trama Koldo

 La controversia en torno a los 3,7 millones de euros desembolsados por el Gobierno de las Islas Baleares, bajo la presidencia de Francina Armengol, a la red presuntamente vinculada al caso Koldo, no cesa de ampliarse. Ahora, la Fiscalía Europea ha anunciado que investigará estos contratos por la posible malversación de fondos europeos Feder destinados a la compra de mascarillas durante la pandemia.

La decisión surge tras la iniciativa de la Comisión Europea de remitir su investigación al Organismo Europeo de Lucha contra el Fraude (OLAF), subrayando la "competencia obligatoria" de la Fiscalía Europea para indagar en el asunto. Este nuevo giro sitúa a Armengol, actual presidenta del Congreso y figura destacada del PSOE, en un complicado escenario de escrutinio internacional.

Los contratos en cuestión, focalizados en la adquisición de material sanitario en un momento crítico para la salud pública, ahora levantan sospechas sobre la correcta utilización de los recursos proporcionados por la Unión Europea para combatir la COVID-19. Este paso hacia una investigación de tal envergadura pone de relieve la gravedad de las acusaciones y la importancia de esclarecer cualquier irregularidad en la gestión de los fondos.

La implicación de la Fiscalía Europea marca un precedente importante en la supervisión de cómo se han manejado los fondos europeos por parte de las administraciones locales, especialmente en situaciones de emergencia como la que provocó la pandemia. Con este escenario, no solo se busca rendir cuentas sobre la eficacia y transparencia de las compras realizadas, sino también garantizar que los mecanismos de control europeos funcionan adecuadamente para prevenir y sancionar la malversación de fondos públicos.