La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha mantenido su petición de 3,1 millones de euros, de forma conjunta y solidaria, al expresidente catalán prófugo de la Justicia española, Carles Puigdemont, junto con otros 34 excargos de la Generalitat de Cataluña por su presunta responsabilidad contable derivada de la supuesta malversación de fondos para financiar el referéndum ilegal del 1-O. El monto total del desvío asciende a 883.695 euros destinados al referéndum ilegal y 2.209.503 euros relacionados con la acción exterior del Govern.

Según el fiscal Manuel Martín-Granizo, "el menoscabo causado para el erario fue real y efectivo" y "se encuentra plenamente individualizado, con identificación de cada uno de los actos que dieron lugar al perjuicio". Además, defiende que está "acreditado" que "fueron los actos desplegados por los demandados los que dieron lugar a la producción del perjuicio (...) sin que exista ninguna duda acerca de que los daños resultan objetivamente imputables a su conducta".

El Ministerio Público reclama 3,1 millones de euros de forma conjunta y solidaria a los 35 encausados, tras rebajar las estimaciones iniciales del propio Tribunal de Cuentas que había previsto una responsabilidad contable de unos 9,5 millones de euros. Por su parte, Sociedad Civil Catalana instaba a devolución de 5 millones de euros a 11 excargos del Govern que también constan entre los señalados por el Ministerio Público.

El procedimiento continúa con el traslado a las defensas para que se pronuncien, una vez recibida la respuesta del Ministerio Público y de la acusación popular que ejerce Sociedad Civil Catalana. Este proceso sigue la línea de la vista celebrada el pasado 17 de noviembre de 2023.

Entre los 35 nombres figuran, además de Puigdemont, el del expresidente catalán Artur Mas, quien ya fue condenado por el propio Tribunal de Cuentas a devolver a la Generalitat algo más de 4,9 millones de euros más intereses por la organización de la consulta independentista plebiscitaria del 9 de noviembre de 2014. Asimismo, se incluyen exconsejeros condenados penalmente por el Supremo en la causa especial del 1-O, como Raül Romeva y Jordi Turull, y otros fugados como Toni Comín y Lluís Puig.

Además, están procesadas nueve personas citadas por el Juzgado de Instrucción Número 13 de Barcelona en la causa abierta por los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Entre estas últimas, se destacan figuras como el exsecretario general de la Presidencia del Govern Joaquim Nim, el exsecretario de difusión de Presidencia Antoni Molons, el exsecretario general de Trabajo Josep Ginesta y el exdirector del Diplocat, Albert Royo.