En las semanas previas a las elecciones generales del 23 de julio de 2023, la Fiscalía Anticorrupción desplegó una operación de vigilancia sobre los implicados en el conocido como 'caso Koldo', un escándalo de corrupción que involucraba al exministro de Transportes y figura prominente del PSOE, José Luis Ábalos. El 28 de junio, con el país aún asimilando los efectos de la derrota del PSOE en las municipales y en medio de negociaciones cruciales en el panorama político nacional, el fiscal a cargo solicitó a la Audiencia Nacional autorización para intervenir los teléfonos y colocar balizas en los vehículos de Koldo García, el asesor de confianza de Ábalos, junto con tres empresarios acusados de participar en la adjudicación irregular de contratos de mascarillas por un valor de 53 millones de euros, según la querella presentada por Anticorrupción ese día, y a la que ha tenido acceso el digital THE OBJECTIVE.

Esta red corrupta, que gravitaba en torno a la empresa zaragozana Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, había captado la atención de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) y la Agencia Tributaria, quienes ya estaban realizando investigaciones fiscales sobre los implicados. Entre ellos se destacaba Víctor de Aldama, presidente del Zamora C.F. y asesor de Air Europa, señalado como pieza clave con acceso privilegiado al Ministerio de Transportes y presunto intermediario entre el departamento dirigido por Ábalos y Juan Carlos Cueto, el supuesto propietario oculto detrás de Soluciones de Gestión.

A principios de 2023, la UCO de la Guardia Civil documentó múltiples reuniones entre los sospechosos en distintos restaurantes madrileños, así como encuentros de García con altos cargos del Ministerio de Transportes. Ante el conocimiento por parte de los implicados de la investigación fiscal en curso, la Fiscalía solicitó la intervención de sus comunicaciones y la monitorización de sus vehículos para desentrañar la trama de corrupción.

Las medidas adoptadas por la Fiscalía resultaron clave para consolidar las pruebas de involucramiento en el amaño de contratos públicos y la distribución de sobornos. Este movimiento estratégico, ejecutado en un momento de vulnerabilidad política para el PSOE, resaltó el compromiso de las autoridades judiciales por aclarar las actividades corruptas que ponen en riesgo la integridad del sistema político y administrativo del país.

Así, mientras España se encaminaba a las urnas en julio de 2023, la trama Koldo ya enfrentaba el escrutinio de la Fiscalía Anticorrupción, marcando un antes y un después en la lucha contra la corrupción en el ámbito político nacional.