En medio de la actual coyuntura política, la iniciativa presentada por Junts de imponer sanciones a las empresas que optaron por abandonar Cataluña ha desencadenado una significativa reacción tanto en el ámbito empresarial como político. Esta propuesta, que busca modificar la legislación para penalizar a aquellas compañías que no regresen a Cataluña, ha sido encabezada por el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, quien no ha escatimado en críticas, llegando a catalogarla como una suerte de "regulación en vena o comunismo".

En una entrevista concedida a RNE y recogida por Europa Press, Garamendi expresó su preocupación ante la posibilidad de que estas medidas desincentiven la creación y establecimiento de nuevas empresas, subrayando vehementemente el derecho fundamental de estas entidades a instalarse y a invertir en la ubicación de su elección. El líder de la CEOE enfatizó que las empresas no abandonaron Cataluña por mero capricho, sino más bien como resultado de circunstancias imperativas y con considerable pesar.

"Lo que hay que hacer es generar las circunstancias para que la gente vuelva a su tierra, que es lo que yo quiero, lo que nosotros queremos, pero eso no se hace diciendo 'usted vuelve porque si no le multan'", manifestó Garamendi. Además, cuestionó la constitucionalidad de esta propuesta, calificando los planteamientos como "de aurora boreal".

El presidente de la CEOE abogó por la creación de un ambiente propicio, marcado por la confianza y el estímulo, para facilitar el regreso voluntario de aquellas empresas que, debido a diversas circunstancias, se vieron forzadas a abandonar Cataluña.

Las críticas a la iniciativa no se limitaron al ámbito empresarial, extendiéndose a diversas fuerzas políticas y gobiernos. El Ejecutivo valenciano se sumó al rechazo, describiendo la propuesta como una "ocurrencia" y una "amenaza que no va a ir a ningún sitio". Compromís, a través de su portavoz adjunta en el Congreso, Àgeda Micó, afirmó que "el punitivismo no es la solución", subrayando una posición contraria a las medidas sancionatorias propuestas por Junts.

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, también expresó su desacuerdo, calificando la iniciativa como un "disparate" y yendo más allá al señalar que esto podría ser indicativo de la "dictadura del PSOE". Millán resaltó la gravedad de la situación al sugerir que podría tratarse de actos que atentan contra el orden constitucional.

Es imperativo recordar que la propuesta de Junts surge en un contexto donde entidades financieras de renombre, como Sabadell y CaixaBank, tomaron la decisión de trasladar sus sedes fuera de Cataluña durante el período del 'procés', estableciéndose en Alicante y València, respectivamente. La complejidad de la situación económica y política en Cataluña ha generado un amplio rechazo a la idea de imponer multas a estas empresas, con el argumento de que dichas medidas punitivas no contribuirían a resolver los problemas subyacentes.

En conclusión, la propuesta de Junts ha desencadenado un intenso debate que abarca desde el ámbito empresarial hasta el político, revelando fisuras en la percepción sobre cómo abordar las consecuencias del 'procés' y sus efectos en el tejido empresarial catalán. La viabilidad constitucional de estas medidas, así como su efectividad real en la promoción del retorno de las empresas a Cataluña, se encuentran en el centro de un diálogo que promete perdurar en el tiempo.