Los negociadores de la Unión Europea han alcanzado un acuerdo histórico en la implementación de nuevas reglas legislativas que otorgan a los gobiernos un mayor control sobre el dinero y activos sospechosos de estar vinculados a actividades criminales. Estas reglas, respaldadas por los miembros del Consejo, establecen directrices obligatorias para la localización, identificación, congelación y gestión de activos catalogados como propiedad criminal.

El objetivo primordial es intensificar la lucha contra el crimen organizado, permitiendo a los gobiernos congelar y confiscar la denominada "riqueza no explicada". Félix Bolaños, ministro de Justicia de España, subrayó la necesidad de equipar a los gobiernos con los medios para combatir las ganancias ilícitas del crimen organizado.

Estas nuevas reglas no solo se centran en la confiscación de "dinero criminal", sino que también imponen a los estados miembros la obligación de adoptar medidas para gestionar los activos confiscados, garantizando que los gobiernos incauten propiedades de valor proporcional al rendimiento criminal. Además, se presta especial atención a las garantías procesales, especialmente cuando la propiedad se transfiere a terceros.

Bajo condiciones específicas, será posible confiscar propiedades identificadas en investigaciones de delitos penales, siempre que un tribunal nacional confirme su origen criminal. Las oficinas de recuperación de activos jugarán un papel crucial, facilitando la cooperación transfronteriza en investigaciones de rastreo de activos y rastreando dinero criminal. La directiva, que abarca delitos como el crimen organizado, terrorismo y trata de personas, establece obligaciones para los estados miembros, asegurando que las autoridades cuenten con personal calificado y recursos adecuados.

A pesar de las leyes existentes, el acuerdo surge en respuesta a la necesidad de fortalecer el marco legal, evidenciada por los ingresos anuales estimados de al menos 139 mil millones de euros que generan las organizaciones criminales en la Unión Europea. El texto acordado deberá ser respaldado por los representantes de los estados miembros en el Consejo y, si se aprueba, pasará por el proceso formal de adopción en el Consejo y el Parlamento Europeo.