La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha declarado nula una subvención directa de 30,6 millones de euros otorgada a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la Unión General de Trabajadores (UGT) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) en el marco del Plan de Recuperación. La subvención fue concedida sin seguir el procedimiento ordinario de convocatoria pública, lo que ha generado una controversia legal.

El fallo del Supremo, basado en un recurso presentado por la Confederación Nacional de Pymes (Conpymes), anula el Real Decreto 1027/2022, de 20 de diciembre, que regulaba la concesión directa de subvenciones destinadas a la digitalización del sector productivo. La sentencia destaca la falta de justificación para eludir el procedimiento ordinario de convocatoria pública, establecido por la Ley General de Subvenciones.

El Tribunal considera que las razones invocadas en el Real Decreto, relacionadas con la crisis del Covid y la guerra de Ucrania, no son válidas en un contexto en el que las actividades ciudadanas se desarrollan de manera ordinaria. Se resalta que circunstancias similares se habían presentado en un decreto anterior durante la pandemia, pero la situación ya no justificaba la omisión de la convocatoria pública dos años después.

La sentencia, con la magistrada Celsa Pico Lorenzo como ponente, subraya que el Real Decreto omitió respetar la Ley General de Subvenciones y la convocatoria pública, sin presentar circunstancias que impidieran la consulta pública previa y el trámite de información pública. Se destaca la falta de acreditación de razones de interés público, social, económico o humanitario que justificaran la concesión directa.