El «escándalo» y la presunta trama de corrupción en la Consejería de Obras Públicas de Cantabria está en la agenda de Ciudadanos a escala nacional.

La presidenta de Ciudadanos, Patricia Guasp, ha calificado de «enorme gravedad que el Gobierno diera un chivatazo a (Miguel Ángel) Revilla previo al registro policial de la consejería de Obras Públicas de su Gobierno».

En consonancia con la denuncia que hiciera el portavoz del partido en Cantabria, Félix Álvarez, Guaps recordó en un tuit publicado en su cuenta personal que «Cs lo ha denunciado a la Fiscalía y exigiremos que se depure hasta la última de las responsabilidades en ese vergonzoso escándalo».

Y es que el presidente del Gobierno regional, Miguel Ángel Revilla, que compareció ante los medios de comunicación el pasado viernes, para anunciar la dimisión del consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa, aseguró, «para asombro de todos», que el 22 de febrero recibió a las 7.20 horas una llamada de la delegada del Gobierno para avisarle de que a las 7.30 horas la UDEF y la Agencia Tributaria iban a proceder a intervenir el edificio de la Consejería.

Precisamente, este sábado, Álvarez informó a través de un comunicado de prensa de que trasladaron el hecho a la Fiscalía de Cantabria para que investigue quién avisó a la delegada del Gobierno de una intervención judicial bajo secreto de sumario, ya que considera que este hecho puede ser constitutivo de delito según el Código Penal.

Para Álvarez «es un escándalo que Revilla y la delegada del Gobierno conocieran la intervención policial en Obras Públicas antes de que se produjera», que apuntó a que «nadie, salvo la jueza y la policía que está a sus órdenes, podría tener conocimiento de la intervención que iba a tener lugar en la consejería esa mañana».

El portavoz de Ciudadanos en Cantabria fue más allá, y señaló que el ‘chivatazo’ pudo «poner en peligro» la investigación, ya que «se desconoce a cuanta gente alertó la delegada del Gobierno», algo que podría haber dado lugar a la «ocultación o destrucción de pruebas».

Y es que el 22 de febrero de este año, día en que se produjeron los registros en tres oficinas de la Consejería de Obras Públicas , así como en varias empresas presuntamente implicadas en la adjudicación irregular de contratos en las carreteras cántabras, el funcionario que estaba siendo investigado, llamó a la consejería para comunicar que por problemas personales no iría a trabajar, y que «casualmente el día anterior al registro, según cuentan los medios de comunicación, este funcionario se deshizo de documentos que supuestamente tiró a un contenedor».

El mismo 22 de febrero, el consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, informó en rueda de prensa que ese funcionario había llamado a su superior para informar que no iría a trabajar.

Las investigaciones. A principios de 2022, la Agencia Tributaria y la Policía Nacional iniciaron la investigación por supuestas adjudicaciones irregulares en el servicio de carreteras de Cantabria. Esta apunta que el funcionario implicado y su entorno familiar crearon una trama de «varios millones de euros».

El principal implicado, para quien la juez ha decretado prisión -también ha dejado en libertad con cargos a su mujer y sus dos hijas-, habría diseñado junto a su entorno familiar una estrategia para introducir en el circuito legal las importantes cantidades que recibía, supuestamente en forma de comisiones ilegales por parte de cuatro empresas adjudicatarias.

Durante el registro del domicilio de este hombre, jefe de servicio de carreteras de la Consejería de Obras Públicas, los agentes encontraron 530.000 euros en una caja de seguridad oculta en una pared y una máquina para contar dinero, según informan la Policía Nacional y la Agencia Tributaria en una nota de prensa.

Según explica la Policía Nacional en un comunicado, el alto funcionario intervenía en la preparación de ofertas de licitadores concretos, emitiendo, presuntamente, una valoración arbitraria de los criterios subjetivos de valoración de ofertas y expulsando a otros potenciales licitadores.

Para ello, la investigación apunta a que modificaba precios, negociaba los términos de las licitaciones con esas empresas y haría uso de información privilegiada.

Además, la familia disfrutaba de diversas dádivas y de un vehículo cuyo contrato de «renting» era abonado por una de las empresas que resultaba adjudicataria de contratos de obra pública en cuyos informes técnicos participaba directamente el investigado.

Tras las detenciones, se han bloqueado cuentas bancarias y activos financieros por importe de «varios millones de euros», y otros activos que pudieran tener a su disposición los investigados.

La investigación comenzó en los primeros meses de 2022, cuando la Agencia Tributaria «tuvo conocimiento» de la posible participación de ese alto funcionario del Gobierno de Cantabria en la manipulación de adjudicaciones de contratos de obra pública en la región.

Este departamento detectó que tanto el funcionario como su familia registraron «un importante incremento de patrimonio no justificado» entre 2013 y 2022, que se puede estimar en «varios millones de euros».

Los Constructores se personarán en la causa. La semana pasada, la Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria (APC) informó de que se personará en las actuaciones judiciales abiertas en el caso de las supuestas irregularidades en contratos de la Consejería de Obras Públicas, por el que está en prisión un funcionario de ese departamento y en libertad con cargos su mujer y sus hijas y cuatro empresarios.

En un comunicado, la asociación ha informado que su junta directiva ha adoptado esa decisión en una reunión extraordinaria, porque afirma que este sector está «en contra de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico, vengan de donde vengan».

Gochicoa rompe el silencio en una rueda de prensa. Para hoy se preveía una intervención en el Parlamento cántabro del consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, para dar explicaciones sobre las investigaciones emprendidas por la UFEF y por la Agencia Tributaria por la presunta adjudicación irregular de contratos de carreteras, sin embargo, y debido a que las formaciones políticas retiraron las preguntas, no lo hará. Pero sí romperá un silencio, de varios días, en una rueda de prensa programada para hoy lunes a las 11:30 horas. Gochicoa se expuso ante la prensa el mismo 22 de febrero, día en que se produjeron los registros en la consejería, así como un día más tarde y el 24 de febrero también se le vio en un acto público junto al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla.  No obstante, no asistió al pleno de la semana pasada. Revilla informó el viernes de que esta semana se haría efectiva la dimisión del consejero.