El caso del funcionario del Servicio de Carreteras Autonómicas de Cantabria, investigado por su presunta implicación en una trama de adjudicaciones irregulares de contratos, ha generado un importante debate jurídico en la región. Tras ser apartado de su puesto de trabajo por el Gobierno regional cuando salieron a la luz los hechos, y haber estado en prisión provisional durante más de seis meses, este individuo ha decidido apelar al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) con el fin de recuperar su empleo en la Consejería.

Según han informado fuentes jurídicas a Europa Press, el principal investigado en esta causa, Miguel Ángel Díaz, ha recurrido ante el TSJC la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Santander, que se opuso a que regresara a su puesto de trabajo. La magistrada titular de este órgano judicial desestimó la demanda presentada por Díaz el mes pasado, basándose en la doctrina establecida por el Tribunal Supremo en casos similares.

Miguel Ángel Díaz fue suspendido de empleo y sueldo por la Consejería durante el tiempo que dure la tramitación del procedimiento penal. Tras salir de prisión provisional, solicitó su reincorporación al trabajo, pero su petición fue rechazada por la jueza del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Santander. Esta decisión se fundamentó en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que establece que la suspensión provisional de funciones es una medida potestativa para la administración y no está limitada temporalmente ni vinculada a la duración de la prisión provisional.

El alto tribunal ha dictaminado en dos sentencias que la suspensión provisional de funciones puede extenderse durante todo el procedimiento penal, siempre que esté debidamente motivada y sea considerada proporcionada. Ante el fallo desfavorable, Díaz ha presentado un recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, que ahora deberá pronunciarse sobre su posible vuelta al trabajo en la Consejería.

El caso ha generado un intenso debate en la opinión pública y en los círculos jurídicos de Cantabria, ya que se trata de un tema sensible que involucra presuntas irregularidades en contrataciones de obras públicas. La decisión final del Tribunal Superior de Justicia será crucial para determinar si el funcionario investigado puede o no recuperar su puesto de trabajo en la Administración autonómica.